Algunos de los delitos que se les imputa a integrantes de la “guardia comunitaria” de Aquila, que fueron detenidos el pasado 14 de agosto, corresponden desde 2011, informó Marco Vinicio Aguilera Garibay, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien además expuso que a 40 de ellos, que fueron trasladados al Cefereso del estado de Veracruz, se les vence su plazo constitucional esta media noche, mientras que a los cinco que han permanecido en el Cereso de Mil Cumbres, el jueves.
En entrevista, Aguilera Garibay explicó que algunos de los 40 de los detenidos, a quienes se trasladó por la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) al Cefereso (Centro Federal de Readaptación Social) del estado de Veracruz, enfrentan cargos precisamente por delincuencia organizada vinculada al porte de armas, mientras que a los 40, el juez federal deberá determinar su situación jurídica a más tardar esta media noche.
Y en lo que respecta a los otros cinco que permanecen en el Cereso “David Franco Rodríguez”, mejor conocido como Mil Cumbres, su plazo constitucional vence el jueves próximo y enfrentan cargos por el delito de secuestro, lesiones agravadas y robo calificado.
“El juez federal valorará y determinará, de acuerdo a las pruebas que se tengan, si algunas de las personas que están puestas a su disposición obtienen algún beneficio para efecto de su liberación”.
En este sentido, Aguilera Garibay expuso que algunos de los delitos que les fueron imputados a los detenidos corresponden desde el año 2011, y los relativos al secuestro corresponden al mes de junio de este año.
Cabe hacer mención que el pasado 14 de agosto, autoridades federales de la Marina y el Ejército realizaron un operativo en el municipio de Aquila, donde detuvieron a un total de 40 integrantes de la autodenominada “guardia de autodefensa”.
Por otro lado, respecto a los avances de la investigación de los nueve hombres ejecutados el pasado fin de semana en el municipio de Buenavista, el subprocurador de Justica de Michoacán, aseguró que actualmente se determina la circunstancia por la que esas personas se encontraban en la zona, en el momento de su asesinato, y reiteró que la mayoría de los nueve hombres ya fueron identificados como familiares, originarios de Colima, Apatzingán y Buenavista.
Finalmente, respecto al informe que va a presentar la Procuraduría del estado ante el Congreso Local, solicitado por los propios legisladores, Vinicio Aguilera aseguró que ya se tiene listo el documento y que sólo esperan que se les establezca una fecha para hacer la presentación y que corresponderá hacerlo a él, como encargado del despacho de la PGJE.
