Con el fin de terminar con vacíos legales respecto a la rendición de cuentas, y brindar mayor transparencia en los periodos de transición de gobierno; la diputada Bertha Ligia López Aceves presentó ante el Pleno del Congreso del Estado, la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 31 de la Ley de Fiscalización para el Estado de Michoacán, para que dichas autoridades rindan cuentas antes de retirarse, sobre el cargo que dejan.
En Sesión ordinaria, la Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, propuso a sus homólogos modificar dicha ley, con el objetivo de brindar mayor transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía, al proponer la armonización y optimación de los mecanismos vigentes que obligan la fiscalización de los gobiernos estatal, así como los municipales, es decir, los informes trimestrales y las cuentas públicas.
En este tenor, la Presidenta de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, señaló como necesario que en los periodos de transición de gobierno, “el Gobernador del Estado así como los ayuntamientos, en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días antes de que finalice el tiempo para el cual fue electo, deberán entregar al Poder Legislativo un informe financiero con las características de la Cuenta Pública que abarque el tiempo correspondiente del inicio del ejercicio fiscal al final de sus administraciones”, especificó.
Asimismo, puntualizó que la reforma propone que el titular del Poder Ejecutivo presente su informe trimestral, dentro de un plazo de cuarenta y cinco días después de concluido el trimestre, en el caso de los ayuntamientos lo presentarán en un plazo no mayor de treinta días siguientes a la conclusión del trimestre antes de la conclusión de su administración.
López Aceves, manifestó que en la ley vigente no se contempla algún tipo de normativa que obligue a informar el periodo comprendido entre el primer día del mes de enero y último día del mes de septiembre, en el caso de Gobernador del Estado y entre el primer día del mes de enero y el último del día del mes de agosto, en el caso de los ayuntamientos, “dejando dicho lapso temporal sin obligación de informar y acreditar procedencia, manejo y destino de recursos públicos, evitando de esta forma deslindar responsabilidades o instaurar algún procedimiento sancionador, según sea el caso”, ejemplificó.
La también integrante de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, enfatizó en la importancia de reformar dicha normativa ya que fortalecerá la vigilancia del manejo y la aplicación de los recursos públicos, y con ello permitir a la ciudadanía evaluar, reconocer o denunciar dicha actividad, “nuestro marco normativo ya considera herramientas y procedimientos de fiscalización del patrimonio público, pero resulta necesario que estos, sean efectivos en sus plazos de cumplimiento y concurrentes con el resto del andamiaje legal”, finalizó.
