La violencia, los feminicidios y la evaluación preliminar del Plan Michoacán para la Justicia y la Paz fueron los temas centrales en el debate celebrado en el Congreso del Estado durante la sesión de este martes. La discusión se caracterizó por demandas de justicia, la presentación de datos concretos y acusaciones entre los diferentes partidos políticos, todo ello en el contexto de una crisis de seguridad que sigue sin resolverse.
El inicio del tema fue presentado por el diputado Reyes Galindo Pedraza, quien es el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo. Este legislador reconoció las acciones llevadas a cabo por la Fiscalía General del Estado, bajo la dirección de Carlos Torres Piña, por haber encontrado y detenido al presunto autor del feminicidio de Maritza Espino, originaria de La Huacana, así como por haber localizado a sus dos hijas menores sanas y salvas.
Recalcó que el reconocimiento por parte de la institución no reemplaza la demanda ciudadana de sanciones ejemplares y de un proceso que respete estrictamente el marco legal.
El debate se enfocó con mayor claridad gracias a la intervención de la diputada Fabiola Alanís Sámano, quien puso de relieve el feminicidio de Ángeles Esquivel, ocurrido en Zitácuaro y que supuestamente fue perpetrado por un integrante de la Secretaría de Seguridad municipal.
Hizo hincapié en que, a pesar de que desde el comienzo se conoció la identidad del presunto culpable, aún no se ha dado información sobre su detención, lo que pone de manifiesto la falta de diligencia y el acceso real a la justicia.
Alanís Sámano presentó cifras que ilustran la gravedad de la situación. Hasta la fecha, explicó, Michoacán ha reportado 162 homicidios violentos de mujeres, entre los cuales el 74 por ciento, equivalentes a 120 casos, fueron realizados con armas de fuego.
Agregó que el uso de armas de fuego para cometer homicidios de mujeres se ha duplicado en la última década, pasando de 36 de cada 100 casos en 2015 a 74 de cada 100 en 2025.
Desde el Congreso, exigió justicia para Ángeles, así como la sanción correspondiente para el elemento policial supuestamente implicado y una actuación que incorpore la perspectiva de género y un enfoque en derechos humanos.
Desde la oposición, la diputada Teresita de Jesús Herrera, coordinadora parlamentaria del PAN, cuestionó los resultados del Plan Michoacán a un mes de su puesta en marcha.
Afirmó que la realidad diaria de las familias no se refleja en discursos, sino en la capacidad de salir a trabajar y volver a casa con vida.
Recordó eventos recientes, como la detonación de un coche bomba en Coahuayana, que dejó seis muertos y 12 heridos, así como ataques armados contra policías municipales, como prueba de que la violencia sigue presente.
Aunque reconoció medidas como la implementación de cámaras corporales en las fuerzas de seguridad, advirtió que estas no son suficientes sin una estrategia integral, evaluable y coordinada.
En respuesta, legisladores alineados con Morena defendieron el Plan Michoacán como una estrategia global. Se mencionaron acciones complementarias en áreas sociales y económicas, que incluyen apoyo a productores agrícolas, la creación de nuevas universidades en municipios como Zitácuaro y Múgica, así como programas destinados a la juventud.
El representante Octavio Campo Córdova se unió a la demanda de justicia en el caso de Ángeles Esquivel y aseguró que no se trató de un incidente accidental, sino de un abuso.
Indicó que los que están al mando son responsables por las acciones de sus cuerpos policiales y de las decisiones tomadas, y advirtió que disminuir la gravedad de lo sucedido o permanecer en silencio equivale a revictimizar y a emitir un mensaje de impunidad.
El tono del debate se intensificó con la intervención de la legisladora Ana Vanessa Caratachea del PAN, quien afirmó que Michoacán se encuentra entre los cinco estados con mayor número de mujeres asesinadas y que desde 2019, la tasa de homicidios de mujeres se mantiene por encima de la media nacional.
Agregó que el 96 por ciento de los feminicidios continúa sin castigo y que en el estado existen únicamente tres refugios para mujeres, cifra que consideró insuficiente ante la magnitud del problema. Sostuvo que las víctimas no requieren de llamados ni discursos, sino de resultados concretos y de una estrategia efectiva.
Entre críticas y llamados a la cohesión, varios legisladores concordaron en que la violencia no hace distinciones entre partidos y que el crimen organizado impacta por igual a municipios gobernados por diferentes fuerzas políticas.
En este contexto, se enfatizó la necesidad de establecer una comisión legislativa plural que supervise el Plan Michoacán, evalúe sus resultados y demande información regular sobre su impacto real.
El debate concluyó con opiniones que insistieron en no limitar la seguridad a un enfoque puramente policial, sino en integrarla con educación, políticas sociales y fortalecimiento institucional, mientras se reiteró la llamada a la justicia en los casos de feminicidio.
La sesión reveló no solo la gravedad de la crisis de violencia que afecta a Michoacán, sino también la tensión constante entre la necesidad de resultados inmediatos y el uso político del tema en el discurso legislativo.
