Establecer candados como la obligación al Ejecutivo para que solicite autorización al Congreso del Estado, previo a la contratación de todo tipo de créditos bancarios, así como establecer un tope en los costos por servicios de deuda al mes, figuran entre las principales modificaciones que se pretende hacer a la Ley de Deuda Pública del estado, explicó el integrante de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, Elías Ibarra Torres.
El legislador del Partido de la Revolución Democrática, precisó que ante el análisis para determinar las posibilidades de reestructurar la deuda actual de la administración gubernamental, es necesario adecuar en primera instancia el marco jurídico correspondiente, por lo que hasta el momento se logró acordar un proyecto de dictamen que se someterá a la consideración del resto de los diputados integrantes de las comisiones unidas, encargadas de analizar el tema del endeudamiento estatal.
Al respecto, el presidente de la comisión de Hacienda y Deuda Pública, Alfonso Martínez Alcázar, reconoció el acuerdo con el diputado perredista para establecer los candados en mención, los cuales en la reunión de la comisión que preside junto a la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública se abordará el asunto con la finalidad de consensuar un dictamen que sería sometido al pleno legislativo en una próxima sesión.
El diputado panista informó que el próximo miércoles tendrán una reunión de comisiones unidas, en el que además de abordar el asunto de las modificaciones a la Ley de Deuda Pública, también se iniciará con la discusión de la propuesta de reestructuración de la deuda que envió el gobierno del estado y que les fue turnada por el pleno legislativo.
Cabe señalar, que el diputado del PRD, Elías Ibarra destacó la importancia de establecer en el dictamen de reforma al marco jurídico en cuestión que las modificaciones se apliquen a la propuesta actual de reestructuración de la deuda, a pesar de que su entrada en vigor sería hasta su publicación en el Periódico Oficial de la entidad, lo que representa un periodo de alrededor de 30 días, una vez aprobadas las modificaciones por el pleno en sesión.
