Morelia, Michoacán.- “El Nuevo sistema de justicia penal tiene como fundamento el respeto a la dignidad humana y mediante reglas más flexibles tiende a hacer más efectivo el combate a la criminalidad”, aseveró María de los Ángeles Llanderal Zaragoza, secretaria ejecutiva del Consejo para el nuevo sistema de justicia penal en Michoacán, durante su participación en la mesa redonda “México en paz” del Foro de consulta para el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, organizado por el Gobierno Federal.
“Los juicios ahora serán acusatorios, adversariales y orales; una característica adicional es la presunción de inocencia que, entre otras cosas, disminuye la prisión preventiva y evita la estigmatización del inculpado”, dijo Llanderal Zaragoza.
“Otra característica del sistema acusatorio es la posibilidad de acceso a medios alternativos de solución de controversias, que otorgan la oportunidad de resarcir el daño a la víctima y algo que ha sido demostrado en los lugares donde se aplica es que despresuriza el sistema penitenciario, donde sólo el 5% de los asuntos llega a juicio oral, resolviéndose la gran mayoría a través de estos medios”.
En este nuevo modelo, “el seguimiento y vigilancia de las penas y de las medidas de seguridad, así como su modificación, están a cargo de un juez, que asegure la adecuada reinserción del sentenciado a la sociedad. Por otro lado, la internación del individuo cuando sí hay una sanción privativa de la libertad, debe ser en condiciones de dignidad, que faciliten su aptitud y voluntad de vivir en armonía y en sociedad mediante el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte”.
En estas condiciones, la reforma constitucional “se asoma como la respuesta esperada ante la ineficacia del modelo inquisitorio mixto para combatir la criminalidad. En la Evaluación y Diagnóstico del Estado de la Justicia en México elaborado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), se establece que actualmente en nuestro país de cada 5 delitos sólo 1 se denuncia, que de cada 100 denuncias se logra hacer comparecer sólo a 51 casos y que de cada 100 averiguaciones que se inician, sólo 26 concluyen. Esto quiere decir entonces que la posibilidad de que un presunto delincuente llegue a ser juzgado y sentenciado es tan sólo del 2.7 por ciento”.
Esta reforma constitucional también se asoma como la solución al uso excesivo de la prisión preventiva y de la pena de prisión tratándose de delitos no violentos y con ello también a la despresurización de los centros penitenciarios, lo que acarrea consecuencias positivas adicionales como la reconstrucción del tejido social mediante la oportunidad de resarcir el daño y otorgar una oportunidad de rectificación a la persona que incurre en alguna irregularidad penal, afirmó la secretaria ejecutiva del órgano implementador del Nuevo sistema de justicia penal en nuestro estado.
“Otro efecto positivo será que las investigaciones y los juicios se concentren en asuntos relevantes y graves. De acuerdo con estudios realizados por el especialista en el tema Guillermo Zepeda Lecuona, el 58.9% de los sentenciados en México purgan condenas por delitos menores, sancionados con menos de 3 años de prisión, mientras que el menor porcentaje es de sentenciados por delitos graves”.
“Se trata de una transformación de gran calado que requiere de una serie de acciones legislativas, de políticas públicas, de inversiones, de formación de capacidades, de profesionalización de todos los operadores y, adicionalmente, del logro de la aceptación social de la reforma mediante el convencimiento de sus bondades. Sólo nos quedan 3 años en Michoacán y queda mucho por hacer. Tengo la certeza de que el cambio es indispensable y que por supuesto va a ser positivo, pero también creo que, como en todo, y más en un tema tan relevante como este, habrá un periodo de transición antes de que empiecen a ser completamente evidentes los resultados”.
“Por otro lado me parece también que es indispensable decir que no podemos esperar que el cambio de paradigma en el sistema de justicia penal sea la solución absoluta al problema de la criminalidad en nuestro país; junto con éste deben implementarse y consolidarse estrategias de prevención del delito en donde la educación, la formación en valores y principios, así como el trabajo, son fundamentales, y se requiere también de la transformación de las instituciones en entes eficaces y confiables y el combate efectivo a la corrupción, para que tengamos el sistema de justicia que esperamos”, concluyó María de los Ángeles Llanderal.
