MORELIA, Mich.- La diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar (PRD), integrante de la Comisión de Salud, señaló que 21 millones de mexicanos padecen carencias alimentarias o hambre, y por esta causa mueren al día en el país 23 personas, de las cuales el 75 por ciento son adultos mayores de 65 años.
Mencionó que un millón 200 mil niños tienen desnutrición y tres millones 600 mil menores de cinco años alguna carencia alimentaria; el 12.7 por ciento se encuentra en áreas urbanas y el 25.6 por ciento en zonas rurales.
Agregó que 70 de cada 100 familias enfrentan problemas para adquirir alimentos.
La legisladora enfatizó que esta situación es “vergonzosa y alarmante, y no podemos seguir así pues es indignante”. El hambre debe erradicarse para que millones de mexicanos disfruten de sus derechos humanos, sociales, económicos, culturales, ambientales e, incluso, políticos, afirmó.
Por ello, propuso crear la Ley General para Garantizar el Derecho Humano a la Alimentación y Erradicar el Hambre, a fin de contar con un sistema interinstitucional y transversal que permita a 21 millones de personas superar la pobreza alimentaria.
Con esta ley, dijo, se atacaría el problema desde diferentes dimensiones como la económica, la política, la social, la institucional, jurídica y tecnológica para hacer más efectiva su erradicación.
Explicó que la iniciativa, turnada a las comisiones de Desarrollo Social, de Salud y a la de Presupuesto y Cuenta Pública, busca que toda persona tenga derecho a una alimentación de calidad, sana, nutritiva, suficiente, inocua, equilibrada, nutricional y adecuada y que el Estado erradique de manera progresiva el hambre de los grupos sociales que la padecen.
Detalló que de los artículos 1o al 7o de la ley que propone establece que toda persona tiene derecho a la alimentación, y presenta definiciones conceptuales para facilitar su interpretación. El título segundo, de los artículos 8 al 10, precisa las competencias y la coordinación interinstitucional para hacer efectivo el derecho a la alimentación.
El capítulo II menciona las facultades y alcances en la conducción de la política alimentaria y la nutrición. El título tercero, incorporaría los alcances, el fomento y la planeación de políticas de alimentación y nutrición, define al sistema, el programa y su observancia.
Se definen, además, los objetivos y mecanismos y se marcan los instrumentos de la política nacional para su erradicación.
En el título quinto facultaría a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a otras instituciones, para coadyuvar en el seguimiento, evaluación y monitoreo de las políticas y realidades existentes, puntualizó.
Flores Salazar enfatizó la urgencia de universalizar la alimentación con enfoque de derecho y evitar su focalización, para lograr la accesibilidad, transparencia, participación social, equidad y la no discriminación.
