* El Senador michoacano participó en el Primer Foro de análisis, debate y propuesta de mejora de la Reforma en Educación Básica, que organizó la UMSNH.
El proceso de construcción de las leyes reglamentarias de la reforma al sector educativo, los legisladores están obligados a recoger los puntos de vista, las inquietudes y las propuestas del sector magisterial y de los ciudadanos que busquen participar en la conformación de un nuevo modelo educativo, toda vez que la propuesta de reforma que surgió del seno del Pacto por México, es una decisión de una minoría política por encima de una mayoría social, expuso el Senador de la República, Raúl Morón Orozco, durante su participación en el Primer Foro de análisis, debate y propuesta de mejora de la Reforma en Educación Básica, que organizó la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Al presentar su ponencia en la mesa “Cambios Jurídicos laborales en la Reforma Educativa y las leyes secundarias como una posibilidad de que las propuestas de todos los actores involucrados puedan ser incluidas”, el también Secretario de la Comisión de Educación del Senado de la República, destacó que la reforma educativa de la educación básica y media superior que hoy se discute a nivel nacional en la dos cámaras legislativas, fue presentada y aprobada precisamente como resultado de un consenso cupular y no popular, que por lo mismo, deviene en un proceso no legitimado socialmente, “porque es el resultado de un acuerdo político entre dirigentes de partidos políticos integrantes del Pacto por México, que no representan el pulso de la sociedad, ni mucho menos la visión, opinión y propuestas de los principales actores del sistema educativo”.
Añadió que el manejo mediático que se le ha venido dando a la reforma constitucional en materia educativa en los últimos meses y su consecuente legislación reglamentaria, se encuentra sobredimensionado en relación con el contenido, efectos y alcances reales de la misma.
“En los hechos no se trata de una reforma educativa de fondo, sino de forma, que busca la legitimación política del nuevo gobierno federal, la recuperación del control político de la Educación por el Estado o bien una nueva forma de reparto de beneficios del Ejecutivo Federal con los grupos de poder, particularmente en lo que tiene relación con la asignación y reparto de plazas docentes y otros beneficios económicos y laborales del sector, es decir una Nueva Alianza por la Educación, tan histriónica como la pasada Alianza por la Calidad Educativa suscrita entre Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo”, expuso.
El Legislador federal comentó que al tratar de elevar a rango constitucional un Servicio Profesional Docente, sucesor directo de la carrera magisterial propuesta, que lo único que hoy busca, es replantear bajo otros términos, lo que ya la “ACE”, Alianza por la Calidad de la Educación, se proponía: “asignar y quitar las plazas al magisterio como una medida de control político para subordinar a las organizaciones sindicales magisteriales y a los maestros, o bien como un medio constitucional que justifique sin problema legal alguno, bajo la pantalla de la evaluación y la profesionalización educativa, los futuros recortes a la planta laboral docente de la educación básica y media superior, bajo el argumento de que, lo que hoy sobra en el país, son maestros y lo que México necesita son más técnicos y menos burócratas.
“Aprobar una reforma bajo tan veladas y subrepticias intenciones, no sólo representa un atentado contra el derecho adquirido históricamente por el normalismo y el magisterio mexicano en el proceso de las conquistas laborales y la asignación directa que todavía se registra en algunas entidades como Michoacán, en acuerdo con el gobierno del Estado, sino que abre la posibilidad indiscriminadamente a que cualquier profesionista o técnico profesional, aún sin formación pedagógica, ingrese al servicio educativo, para adquirir éste tipo de plazas, no como un asunto de vocación, sino bajo un criterio de utilitarismo laboral”, enfatizó el Senador por el PRD.
Morón Orozco señaló que por todas estas razones se hace necesario redimensionar el contenido de la reforma educativa para aterrizarla en una legislación reglamentaria que camine bajo un enfoque de derechos y no de sanciones, que reivindique con plena justicia el papel del magisterio en el sistema educativo y que garantice la vigencia de dos derechos fundamentales para la sociedad: el derecho a la educación de calidad y el derecho a la conservación de las conquistas gremiales alcanzadas por el magisterio con plena justicia laboral.
“Se hace necesario redimensionar el contenido de la reforma educativa para aterrizarla en una legislación reglamentaria que camine bajo un enfoque de derechos y no de obligaciones o sanciones.
“Que reivindique con plena justicia el papel del magisterio en el sistema educativo y que garantice la vigencia de dos derechos fundamentales para la sociedad: el derecho a la educación de calidad y el derecho a la conservación de las conquistas alcanzadas por el magisterio con plena justicia laboral”.
Apuntó que desde el grupo parlamentario del PRD en el Congreso de la Unión, presentaremos a la sociedad y al sector educativo nacional en próximos días, una propuesta de Ley General del Servicio Profesional Docente, alternativa que contendrá entre otros aspectos:
• La profesionalización de los docentes debe adquirir el carácter de Política de Estado. Para ello, en necesario crear un Instituto Especializado en la materia, con reglas claras y procesos imparciales, equitativos y transparentes para el Ingreso, la Promoción y el Reconocimiento al Servicio Profesional Docente.
• El Servicio Profesional Docente, previsto en la Constitución, debe estar regulado de tal forma que garantizará perfiles idóneos para la práctica docente desde el proceso de ingreso, con derecho a la definitividad y estabilidad en el empleo en los términos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
• Es necesario asegurar que los Servicio Educativos sean prestados por el personal más apto y preparado, sin favoritismos o nombramientos discrecionales, de acuerdo con los perfiles autorizados por el Instituto Nacional del Servicio Profesional Docente y las autoridades educativas competentes.
• Los maestros, deben escalar según sus meritos y con base en su desempeño. Este enfoque meritocrático debe terminar con la corrupción en los ascensos y la venta de plazas, reivindicando la función directiva y de supervisión como acciones sustantivas del sistema educativo, con mayor eficacia y responsabilidad.
• La formación, capacitación y actualización de los maestros, debe ser permanente y obligatoria, para asegurar el mejoramiento del conocimiento teórico y práctica docente.
• El Servicio Profesional Docente, debe generar certidumbre y aceptabilidad por los docente, sobre una base de incentivos, estímulos y reconocimientos a su desempeño profesional.
• Las evaluaciones del desempeño en el Servicio Profesional Docente, deben tener por finalidad la mejora del proceso educativo, fortalecer la formación profesional y subsanar deficiencias del sistema educativo, pero nunca una visión punitiva o sancionadora, que afecte los derechos laborales del magisterio.
• El Servicio Profesional debe armonizar el derecho universal a recibir educación de calidad, con los derechos laborales establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales para los trabajadores de la educación.
