Un grupo de personas provenientes del municipio de Apatzingán se manifestó este miércoles en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para exigir la devolución de sus terrenos que afirman les fueron arrebatados por el cártel de los Caballeros Templarios.
El movimiento estuvo encabezado Eliezer Rangel Ortiz, presidente del Consejo de Administración de Limoneros Unidos de Apatzingán, y quién acusó a las autoridades estatales de proteger a Marcelo Valencia Álvarez y Juan Avilés, militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de quienes aseguraron que tienen vínculos con la delincuencia organizada.
“Desde hace una década que entró el crimen organizado a Michoacán, nos empezaron a quitar los terrenos, primero fue el Chango, luego el Chayo, Los Zetas, Caballeros Templarios y todavía sigue y Marcelo Valencia, es quién promovía las marchas en contra del Ejército y también amenazaba a toda la gente de Apatzingán para que cerrarán los negocios”, denunció.
Denunciaron que han sido más de 500 hectáreas las que han sido arrebatadas bajo amenazas y amedrentaciones por los líderes del cártel de Los Caballeros Templarios e incluso acusó a varios notarios públicos de estar vinculados con la mafia y realizar el papeleo para el cambio de propietario.
Por su parte, Guadalupe Mora Hernández, integrante de dicho movimiento responsabilizó al gobierno del Estado de cualquier masacre que pudiese presentarse por la pugna de los terrenos, ya que afirmó se han mantenido al margen y protegiendo a los delincuentes.
“A ver quién cae primero y no vamos a dar ni un paso atrás y hacemos responsables a las autoridades de lo que suceda en Apatzingán, si se presenta una masacre, serán ellos los responsables porque no atienden lo que tienen que atender, tenemos documentos probatorios”, manifestó.
Informaron que ellos emprendieron la lucha contra el crimen organizado, hace más de dos años junto a Hipólito Mora y José Manuel Mireles Valverde, con la finalidad de que les devuelvan las propiedades que fueron invadidas por la delincuencia organizada.
Sin embargo, indicaron que a pesar de las decenas de demandas que han interpuesto ante la PGJE, ambos personajes continúan quitando sus propiedades a los habitantes y extorsionando a los comerciantes.
