La senadora Gabriela Cuevas Barron presentará mañana un punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República (PGR), a que rinda un informe sobre las investigaciones que ha realizado por los presuntos actos de espionaje cometidos contra ciudadanos mexicanos, ya que es una obligación del Gobierno Federal garantizar una política de seguridad que esté centrada en la protección de la persona humana.
“En toda sociedad que se dice democrática, ninguna persona puede ser objeto de injerencias arbitrarias e indiscreciones abusivas en su vida privada”, demandó la legisladora federal.
La senadora Gabriela Cuevas recordó que, con base en las revelaciones hechas por Edward Snowden, diarios internacionales han dado a conocer la presunta vigilancia que realizan agencias estadounidenses en representaciones diplomáticas y también en las comunicaciones de millones de ciudadanos alrededor del mundo.
Asimismo, comentó que en paralelo con estas filtraciones, algunos medios nacionales han revelado que el Departamento de Estado Norteamericano instaló en nuestro país un sistema para interceptar y almacenar llamadas telefónicas y servicios de internet a escala nacional.
La panista señaló que todas estas acciones de espionaje son condenables, inaceptables y jurídicamente sancionables porque violan el derecho fundamental que todo ser humano tiene a la vida privada y a la intimidad; valores que están reconocidos en tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Asimismo, refirió que la Constitución también establece que las comunicaciones privadas son inviolables y que la ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando haya autorización de un juez y se persigan delitos graves como narcotráfico, terrorismo, tráfico de menores o de indocumentados, entre otros.
Cuevas Barron aseveró que “el Gobierno no sólo debe garantizar que los mexicanos dejen de ser espiados por el gobierno norteamericano sino también que las instancias de seguridad internas cumplan con la ley y sólo intervengan comunicaciones en aquellos casos autorizados por un juez”.
La Senadora por Acción Nacional puntualizó que cifras oficiales establecen que en el periodo comprendido entre los años 2006 y 2012, sólo se solicitaron 296 autorizaciones para intervenir comunicaciones y fueron concedidas 275, cifras que evidentemente no reflejan una intervención masiva de comunicaciones y que dimensionan el problema al que nos enfrentamos de ser cierto que en México opera un sistema de intercepción de comunicaciones a escala nacional.
Por ello, consideró necesario que el Senado de la República exhorte al Procurador General de la República para que informe cuáles son los avances de las investigaciones que ha iniciado para castigar estos presuntos actos de espionaje, sobre todo tomando en cuenta que el Poder Judicial de la Federación ha señalado que este ilícito es perseguible oficiosamente porque el bien jurídicamente tutelado es la seguridad de la sociedad de que las comunicaciones privadas se mantengan en reserva.
“No basta con expresar enérgicos extrañamientos o externar sentimientos de profunda indignación ante estos actos. Más allá de estas manifestaciones, el Gobierno tiene la obligación de garantizar seguridad y protección a sus ciudadanos, todo en un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos”, concluyó la senadora Gabriela Cuevas Barron.
