Con la finalidad de atender las demandas ciudadanas, de que exista la responsabilidad del Estado sobre los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular cause en los bienes o patrimonio de los ciudadanos, el día de hoy, la diputada Laura González Martínez, presentó ante el Pleno del Poder Legislativo, una Iniciativa con Proyecto de Ley de Responsabilidad Administrativa del estado de Michoacán y sus Municipios.
Los michoacanos tienen derecho a una indemnización conforme a las bases y limites que el propio Estado establezca, “esta situación es justa para los ciudadanos, cuando ellos tienen la obligación de pagar impuestos, por ello, lo que pretendemos es que el estado realice eficientemente su trabajo de administración pública y que los bienes patrimoniales de los habitantes no se vean afectados por una deplorable administración de los recursos y deficiencias presentadas”, señaló la diputada del blanquiazul González Martínez.
Así mismo, recalcó durante entrevista, “cuando el patrimonio de los particulares sufre un quebranto por el efecto directo de la acción pública de los órganos del Estado, éste debe cubrir la indemnización correspondiente, en este caso, los ciudadanos tienen derecho a una indemnización conforme a las bases y limites que el propio Estado establezca”.
La presente Ley es de orden público e interés social, por lo que tiene por objeto establecer las bases, así como los procedimientos para efectuar la responsabilidad patrimonial, a quienes sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado, los municipios y las entidades autónomas.
Para que se configure la responsabilidad patrimonial del Estado, es necesario se haya producido un daño a los particulares en cualquiera de sus bienes o derechos; así mismo, que el daño inferido sea imputable a un servidor del ente público, con motivo de su actuación administrativa irregular y que exista una relación de causalidad entre la actuación administrativa irregular y el daño producido.
“La reforma que nos obliga a legislar en esta materia tiene hoy más de diez años, y en Michoacán todavía no se ha acatado el transitorio de la misma que señalaba que la expedición de la presente ley correspondía a un periodo no menor a un año y no mayor a dos a partir de su publicación. Hoy este periodo aconteció hace más de ocho años, por lo tanto, el Estado de Michoacán está en deuda con sus ciudadanos”, declaró González Martínez.
Finalmente, expuso “en Acción Nacional estamos convencidos de que los órganos del Estado no pueden ser la excepción en el cumplimiento a la ley, so pretexto de las actividades que tienen a su cargo; el reconocimiento del Estado como persona jurídica colectiva permite que al contenido de las normas se vinculen facultades y deberes en las relaciones que surgen entre estos y los particulares”.
