El presidente electo, Enrique Peña Nieto, EPN, ha propuesto al Congreso crear la Comisión Nacional Anticorrupción, en sustitución de la Secretaría de la Función Pública, para dotarla de autonomía constitucional -respecto del Ejecutivo-, romper el monopolio del Ministerio Público y ampliar sus competencias, tanto a los tres poderes de la Unión como a los gobiernos estatales y municipales
Las potencias en ascenso, combaten institucionalmente la corrupción, pública y privada, y evalúan los resultados alcanzados, con el propósito de consolidar su liderazgo global. Las acciones que emprenden permite arraigar la inversión y optimizar resultados; vencer en la lucha contra la pobreza, en lugar de incrementarla por sustraer y desviar recursos; incrementar producción de bienes y servicios de calidad, en contraste a la especulación y de precios inflados o bienes y servicios fraudulentos.
Los ejemplos expuestos por Brasil, China e India, en materia de lucha contra la corrupción, nos muestran que no se trata de una ocurrencia o un instrumento de carácter persecutorio de carácter político o simplemente una respuesta pasajera a un reclamo a las instancias de poder gubernamental, privado y social. Fundamentalmente se trata de erradicar prácticas que afectan local y globalmente la gobernanza, el desarrollo y el bienestar de todos los habitantes del planeta, conforme al avance administrativo-políticotécnico y la cultura de cada uno de los países, pero con un efecto y resultados globales-locales.
En estos términos, como lo veremos más adelante, se trata de la instrumentación de un Programa Global Anticorrupción, instrumentado por los países miembros del G-20, la ONU y organizaciones e instituciones de investigación que aportan su metodología e instrumentos de evaluación para el logro de metas concretas ver link, todos los países participantes, organismos, etc, www.unodc.org/yournocounts/es/ resources/index.html.
La iniciativa que propone crear la Comisión Anticorrupción enviada al Senado por Peña Nieto, plantea modificar los artículos de la Constitución Política, 22, 73, 79, 105, 107, 109, 113, 116 y 122. Con los cambios constitucionales, el Congreso expedirá leyes de combate a la corrupción. La Comisión Anticorrupción será el órgano del Estado, con autonomía constitucional, responsable de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción en materia administrativa cometidos por los servidores públicos de la Federación y los particulares, ya sean persona física o moral. Estará dotado de la facultad de atracción para conocer casos de los estados y municipios.
Su tarea se regirá por principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo.
La Comisión Anticorrupción tendrá cuatro comisionados y un comisionado presidente, designados por el Ejecutivo federal. La Cámara de Senadores podrá objetarlos por dos terceras partes de sus miembros presentes, dentro de los siguientes 30 días naturales. El Ejecutivo, en caso de objeción, hará nueva (s) designación (es), si esta (s) también fuera(n) objetada(s) dentro del mismo plazo, designará directamente a otra(s) persona(s).
La creación de la Comisión anticorrupción de EPN, contribuirá al propósito general de elevar el crecimiento económico y el bienestar de la población. De tal forma que el combate a la corrupción, auspicie un ambiente favorable a la inversión económica; impulse la iniciativa empresarial y social, así como la innovación. El combate a la influencia política de las camarillas, públicas y privadas que usufructúan los recursos públicos y de sociedades privadas, fortalecerá la estabilidad macro y micro económica, impidiendo que los recursos destinados a generar producción y oportunidades se desvíen para parar en los bolsillos y cuentas de los corruptos.
Veamos ahora un panorama de resultados, propósitos y limitantes que se dan en los países, (potencias ascendentes) que llevan a cabo una acción a fondo contra la corrupción.
Empecemos por Brasil, por el liderazgo que ejerce en el área latinoamericana y su prestigio global. El gobierno de Dilma Rousseff, ha elevado la aceptación de los gobernados a un 70%, a CONTINUARA