Derivado del lamentable abuso del que fueron víctimas michoacanos y michoacanas por los representantes de la empresa denominada “Chamba México” Agencia de Viajes, la cual ofreció empleos en Estados Unidos de América y Canadá, a cambio del pago de siete mil quinientos pesos, las diputadas Cristina Portillo Ayala y Silvia Estrada Esquivel presentarán ante el Pleno de la LXXII Legislatura una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Michoacán.
A nivel nacional, informó la diputada Cristina Portillo Ayala, se estima que esta empresa pudo haber engañado a casi 400 personas, de las cuales 84 podrían ser de Michoacán, concretamente de municipios como Tarímbaro, Turicato, Maravatío, Ciudad Hidalgo y Morelia.
Lo peor, agregó la legisladora local, es que los agraviados son personas que incluso se vieron en la necesidad de pedir préstamos para poder ingresar a la supuesta bolsa de trabajo, seguros de que en Estados Unidos de América o Canadá obtendrían recursos para pagar el adeudo y apoyar a sus familias.
Por lo anterior, subrayó la integrante de la LXXII Legislatura, el daño económico que sufrieron los afectados podría sumar varios millones de pesos.
Portillo Ayala destacó que la pobreza, la violencia y la falta de empleos bien remunerados, son factores que orillan a los michoacanos a recurrir a aquellas personas que a través de engaños prometen su entrada y permanencia en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos de América, obteniendo los estafadores un beneficio económico.
Antes tales hechos, señaló la diputada Silvia Estrada Esquivel, es conveniente adicionar al artículo 325 del Código Penal, las fracciones XXI, XXII, XXIII y XXIV, para crear una figura delictiva que sancione la conducta de quien obtiene un lucro de otro mediante el engaño, ofertando una oportunidad de trabajo en el extranjero, obteniendo por ello, un beneficio económico.
Esta conducta dijo la legisladora, transgrede el mínimo ético que se pretende proteger mediante la presente iniciativa en materia penal, y con ello contemplar las nuevas conductas arbitrarias y no aceptables que se están visualizando en nuestro Estado, con la finalidad de que ninguna acción que lesione los derechos de otros quede impune.
“Son hechos latentes que requerimos reprimir para que no sigan propiciándose y de esa forma proteger a las y los michoacanos y a los que habiten en nuestro Estado”, apuntó Estrada Esquivel.
Cabe resaltar que de acuerdo a la iniciativa, al responsable del delito de fraude se le sancionará conforme a las siguientes reglas: Con prisión de tres días a un año y multa de tres a diez días de salario, cuando el valor de lo defraudado no exceda del importe de cien días de salario.
