Morelia, Mich.- Con la nueva Ley de Desarrollo Social del Estado de Michoacán de Ocampo, se busca que los programas sociales con aplicación en la entidad y cada uno de los 113 municipios, sean transparentes, carezcan de cargas político-partidistas y no se dupliquen, para que verdaderamente lleguen a las familias michoacanas que más lo requieren.
Así lo dieron a conocer los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Social de la LXXII Legislatura del Congreso del Estado, Miguel Amezcua Manzo, Jorge Moreno Martínez, Salomón Fernando Rosales Reyes y Francisco Bolaños Carmona, quienes anunciaron que en la sesión ordinaria de este jueves 14 de marzo, se dará segunda lectura y se votará el dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se expide la nueva Ley en la materia.
En conferencia de prensa, los cuatro integrantes del cuerpo colegiado destacaron que se trata de un documento de avanzada que recoge las experiencias que cada uno de ellos tuvo en su calidad de alcaldes de Tangamandapio, Ario de Rosales, La Huacana y Contepec, respectivamente, y se sustenta en información sobre la aplicación de programas sociales, estatales y federales en Michoacán.
Se pudo encontrar en el consenso, sin cargas de tipo político-partidistas y mediante muchas horas de trabajo, la propuesta de Ley que los michoacanos reclaman, donde los programas de beneficio social lleguen oportunamente a quienes realmente tienen necesidad de ellos.
Detallaron que la nueva Ley propone que los padrones de beneficiarios de programas sociales sean transparentes, objetivos y que no haya duplicidad de enlistados, además de que sean administrados al margen de líderes que han encontrado en esos esquemas formas de beneficio personal.
El objetivo superior del nuevo ordenamiento jurídico para el Desarrollo Social de Michoacán, es promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso a toda la población, sin banderas de tipo partidista, además definir la competencia del gobernador del Estado y de los ayuntamientos en esa materia.
Se promueve también la creación de mecanismos de evaluación, seguimiento e impacto social para vigilar que los recursos públicos aplicados a programas sociales se ejerzan con efectividad y transparencia.
