En México, los derechos humanos deben dejar de ser una aspiración y deben convertirse en una obligación y, sobre todo, una realidad, señaló el presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, Fidel Calderón Torreblanca, en el marco del informe de actividades 2012-2013, presentado por el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José María Cázares Solórzano.
Por nuestra parte, subrayó, “en el Congreso del Estado reafirmamos esta convicción: sólo en la medida en que logremos transformar a los derechos humanos universales en derechos fundamentales de las y los mexicanos, lograremos hacer de este país una nación efectivamente democrática, igualitaria y justiciera”.
En el marco del informe presentado en el Centro de Convenciones y en el cual estuvo también el Secretario de Gobierno, Jaime Mares Camarena, y la Diputada Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo, Laura González Martínez, entre otras personalidades, Calderón Torreblanca reconoció a nombre de la LXXII Legislatura, el esfuerzo del Presidente, así como de las y los visitadores y de todas y todos los integrantes de la Comisión, e hizo votos por que su dedicación rinda cada vez mayores y mejores resultados en la promoción y protección de los derechos humanos de las y los michoacanos, en un entorno estatal y nacional cada vez más exigente y desafiante, señaló.
El legislador dijo estar consciente de que en esa elevada labor, la colaboración de todos los poderes y ámbitos de gobierno del estado resulta fundamental, al lado de la participación y aportación de la ciudadanía, la sociedad civil y sus organizaciones.
En ese sentido, nuestro reto principal, añadió, independientemente de los problemas y obstáculos que imponen las circunstancias presentes, el Estado, con todos sus poderes y en todos los ámbitos de sus gobiernos, es garantizar por igual a todos el acceso y ejercicio de sus derechos fundamentales, con la protección efectiva que le ofrece la reformada figura del Amparo, una de las recientes reformas al marco en el que rige una de nuestras figuras jurídicas mexicanas y tutelantes más significativas.
Todo lo que se procure y realice, añadió, debe poner en el centro a las personas y su potestad a acceder al goce y ejercicio de los derechos fundamentales al bienestar y la justicia, privilegiando en todo momento su interés jurídico y su protección social, de tal forma que se aplique en su beneficio aquella norma que más le favorezca. “De nuestra parte, el compromiso es cierto e inquebrantable y aquí, frente a ustedes, lo reafirmamos sin reservas”.
