El gobierno federal entregó a las 32 entidades 2 mil 212.1 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP) durante el primer trimestre del año, pero solo Distrito Federal, Colima y Tamaulipas ejercieron en conjunto un millón 800 mil pesos, mientras 13 estados reportaron un gasto de cero pesos y los restantes 16 ni siquiera entregaron información.
De acuerdo a una nota de Milenio, lo anterior significa que en ese periodo dejaron de ejercerse 99.9 por ciento de esos recursos.
De acuerdo con el reporte publicado en el órgano informativo de los centros de estudios de la Cámara de Diputados, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Veracruz no ejercieron un solo peso de las aportaciones federales para seguridad.
A su vez, los gobiernos de Aguascalientes, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas no informaron sobre la disposición y destino de esos fondos.
El estudio denominado “Inexplicable subejercicio en seguridad pública” detalla que, entre enero y marzo, el Distrito Federal ejerció casi 400 mil de los 138.6 millones de pesos que obtuvo por concepto del FASP en ese lapso. Colima gastó 400 mil de 34.1 millones de pesos y Tamaulipas un millón de 81.3 millones de pesos.
La suma del gasto federal en seguridad pública de las tres entidades en el primer trimestre de 2012 sumó 1.8 millones de pesos, lo que representa 0.1 por ciento de los 2 mil 212.1 millones que el gobierno federal transfirió a las haciendas públicas de los 31 estados y la capital del país.
Propósito incumplido
El análisis suscrito por Ranulfo Delgado, investigador del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, subraya que en los convenios para la asignación del FASP se han establecido mecanismos para agilizar la recepción y el ejercicio de los recursos recibidos por las entidades federativas.
“Sin embargo, el propósito no se ha cumplido, pues los recursos no se han ejercido en tiempo y forma, tanto en el presente ejercicio como en 2011.”
Según la Ley de Coordinación Fiscal, las entidades federativas deben destinar los recursos del FASP exclusivamente a cinco conceptos: reclutamiento, formación y selección de personal vinculado con tareas de seguridad pública, y equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes, peritos, ministerios públicos, policías preventivos o custodios de centros penitenciarios y de menores infractores.
Además, establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones; construcción, mejoramiento y ampliación de instalaciones para la procuración e impartición de justicia, centros penitenciarios y de menores infractores, y seguimiento y evaluación de estos temas.
No obstante, el subejercicio de los recursos del FASP ha sido recurrente, como lo confirma el reporte, en el que subraya que las entidades federativas habían gastado en el primer trimestre de 2011 alrededor de 39 millones de los 2 mil 137.3 millones de pesos que en ese periodo les había transferido el gobierno federal.
Conforme a la investigación del centro de estudios de San Lázaro, las dependencias federales del área de seguridad y procuración de justicia incurrieron también en un subejercicio de 11.4 por ciento en el gasto destinado al combate a la delincuencia entre enero y marzo de este año.
“Los ramos que ejercieron menores recursos fueron la PGR y Secretaría de Marina, con un avance de 84.4 y 76.8 por ciento, respectivamente, en relación con lo programado en el primer trimestre del año”, precisa el informe legislativo.
Perfilan MP federal “sólido”
La procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, dijo que la dependencia a su cargo enfrenta un proceso de transformación que le permitirá contar con un Ministerio Público federal sólido y capaz de enfrentar con éxito los nuevos retos y la ofensiva contra la delincuencia organizada.
Ante integrantes de la comunidad libanesa en México, la funcionaria comentó que actualmente se desarrolla la segunda etapa del Proyecto Diamante, dirigido a todo el personal de la institución para que pueda abordar sin dificultades el nuevo sistema de justicia penal.
Durante su primera etapa, señaló, fueron capacitados 7 mil 700 servidores públicos, entre ellos, agentes del Ministerio Público federal, peritos y policías federales ministeriales.
Tras firmar un convenio de colaboración con el presidente de la Asociación Jurídica Mexicano Libanesa Al Muhami, Gerardo Gozain Frangie, para capacitar, profesionalizar y fortalecer al Ministerio Público de la Federación, Morales Ibáñez recalcó que la PGR se encuentra inmersa en un importante proceso para perfeccionar los perfiles profesionales de su personal en el nuevo sistema de justicia penal adversarial.
Destacó que de abril de 2011 a la fecha se han incorporado 422 universitarios al Servicio Social y prácticas profesionales de la PGR.
