El estado de Michoacán pertenece a los siete estados de la República Mexicana con un problema creciente en relación a deuda pública, sin embargo este tema pretende ser controlado y regulado dando facultades a la Cámara de Diputados Federal aplicando una reforma constitucional propuesta por el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República. En torno al tema, el panista Salvador Vega Casillas aseguró que con dicha iniciativa de reforma se pretende controlar y regular el endeudamiento excesivo e irresponsable de gobiernos estatales y municipales.
“El crecimiento de la deuda pública en gobiernos estatales es un problema creciente y focalizado principalmente en siete estados, lamentablemente Michoacán es parte del grupo, que también está conformado por Coahuila, Chiapas, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo y Veracruz”. Vega Casillas agregó que estos son las entidades que tienen mayor deuda en relación al Producto Interno Bruto del país, y que además Michoacán se ubica entre los nueve estados con mayor crecimiento de su deuda en los últimos años. “Se multiplicó por casi cinco veces la deuda del estado de Michoacán, lo cual nos resulta preocupante pues tiene comprometido el total de las participaciones federales de un año, eso no se puede tolerar y menos quedar impune”.
Explicó que Michoacán pagará en los próximos años, 16 mil millones de deuda pública con instituciones financieras y otro tanto de deuda llamada no documentada, como pasivos a proveedores, impuestos no pagados por el Gobierno del Estado y déficit en el presupuesto, lo que significa 33 mil millones de obligaciones financieras, que equivale al 7.6 por ciento del PIB. “Se habla mucho de la deuda de Coahuila, que es grave el 6.5 por ciento de su PIB, pero en Michoacán es del 7.6 por ciento del PIB, esto por un manejo irresponsable en las finanzas públicas”.
El panista sentenció que la iniciativa busca reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y facultar a los legisladores federales para objetar deudas irresponsables y fijar bases, criterios y reglas claras que buscan ordenar las finanzas públicas de los estados.
Detalló que también pretende que se pueda fijar el techo máximo de deuda que se podrá contraer por los gobiernos de los estados y los municipios, además de que se prevé la posibilidad de iniciar juicio político y sanciones penales a gobernantes irresponsables que hipotequen el futuro de la población. “Deudas irresponsables hoy comprometen mayores impuestos en el mañana y sobre todo limitan la capacidad de los gobiernos de atender en mejor forma a la población vulnerable”, finalizó el senador Salvador Vega Casillas
