Si en Michoacán no se pone en el centro de la reforma penal, el tema de la política de prevención y combate a la tortura, esta legislación va a fracasar. Se debe de contar con una serie de medidas específicas para prevenir la tortura y la violencia en general que comete la autoridad que utiliza la fuerza, advirtió Silvano Cantú, director general de Vinculación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el país.
Sustentó que entre éstas medidas a disponer, entre otras, deberá estar la revisión de cuentas del sistema penal acusatorio, así como las revisiones continuas en los centros de retención y reclusión de personas: se trata de regularizar la observancia que disuada a las autoridades de cometer hechos constitutivos de tortura. Por ello, sugirió que el juez de control, dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal, deberá proteger los derechos humanos del procesado mediante el control a las autoridades que utilizan la fuerza dentro de sus procedimientos en medio de un proceso penal, es decir, existe la necesidad de que sean tutelados los derechos humanos de los procesados.
Cantú, invitado al Congreso del Estado dentro del Foro de la Iniciativa de Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Tortura para el Estado de Michoacán de Ocampo, advirtió que se deberá excluir de un juicio penal a cualquier prueba acusatoria que hubiese sido obtenida mediante la ilegal práctica de la tortura, y sentenció que prevenir la tortura dentro de un proceso penal “es la prueba del ácido”, y con ironía refirió al respecto, que si no hay mecanismos para garantizar una investigación con total apego a la Constitución “pues eliminemos el sistema de justicia penal”.
Para el especialista en derecho, a Michoacán le urge tener una agenda sobre los derechos humanos ante la ola de maltrato que sigue concurriendo en estos procesos, y sobre todo posicionar este tema.
