No es un nuevo crédito ni la reestructura de deuda lo que el Ejecutivo del estado solicitó al Congreso del Estado, aclaró el secretario de Gobierno, Jesús Reyna García, al precisar que el gobierno del estado busca evitar una contingencia financiera mayor.
En entrevista, el funcionario estatal explicó que actualmente Michoacán enfrenta una deuda bursatilizada de cuatro mil 200 millones de pesos, lo que ha provocado que al paso de los años, el gobierno del estado enfrente una deuda mayor a la que se contrató de inicio, misma que ascendía a los tres mil 500 millones de pesos.
Por tal motivo, Reyna García señaló que el Ejecutivo envío al Congreso una solicitud de autorización para la contratación de un seguro, para evitar que la deuda sea reclamada en su totalidad por la institución financiera o genere cargos mayores a los que ya se han registrado, por lo que descartó que se trate de un nuevo endeudamiento para la entidad.
En este sentido, el secretario de Gobierno que la petición al Poder Legislativo es una acción que busca mejorar las condiciones de pago del crédito, sin que exista una reestructuración del crédito adquirido, aunque agregó que en su momento, la mejor opción es sustituir la bursatilización de la deuda por un empréstito bancario con tasas ordinarias de interés.
Aclaró que con la adquisición del seguro crediticio no se pretende hacer ningún tipo de pago a inversión pública, pero sí mejorar la calificación financiera de Michoacán, por lo que confió en que los diputados respondan a la solicitud de la manera que permita evitar una contingencia financiera mayor en la entidad.
Cabe señalar será en la sesión de este jueves, cuando el Pleno conozca y turne el documento que hizo llegar el gobierno del estado y que contiene la iniciativa de decreto mediante el que se autoriza al titular del Poder Ejecutivo, para que a través de la Secretaría de Finanzas, contrate en una o varias etapas, una adición al monto de endeudamiento autorizado en la Ley de Ingresos del 2014, mediante uno o más créditos contingentes, garantías financieras o el pago oportuno con el Banco Nacional de Obras, una deuda equivalente al 50 por ciento del saldo insoluto de la emisión de certificados bursátiles fiduciarios que se realizó el tres de diciembre de 2007.
