* La finalidad es atender a gente de escasos recursos, para proteger sus derechos establecidos en la Constitución.
Con el objetivo de que servidores públicos especialistas en asesoría legal, conozcan métodos y estrategias de litigación vinculados al Nuevo Sistema de Justicia Penal, avances sobre el código único y materia penal, se llevará a cabo en Morelia, del 1 a 7 de junio del año 2016, el Congreso Nacional de Defensoría Pública, organizado por el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Michoacán.
El congreso surge debido a que especialistas en el tema tienen la obligación de investigar las necesidades que competen a defensorías públicas para poder cumplir con su trabajo, explicó Javier Valdespino García, director del Instituto.
“Nos toca coordinar los trabajos de la Secretaría Técnica de la Asociación Nacional de Defensorías Públicas, tenemos esta función donde estaremos muy activos puesto que se nos ha pedido trabajar de manera coordinada con la presidencia de la Asociación para tener avances significativos, principalmente enfocados a buscar la autonomía de los órganos de las defensorías públicas”, mencionó.
Cabe destacar que este Congreso tiene una gran trascendencia, porque además se invita a defensores públicos o privados, para que conozcan métodos o estrategias de litigación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Lo que busca esta importante actividad formativa es proponer una perspectiva hacia el futuro de las defensorías públicas, dar a conocer a la sociedad hacia dónde quiere llegar el Instituto, así como su forma de ejercer y funcionar, para que todo esto redunde en beneficio de los ciudadanos.
Este ciclo de conferencias va ligado a los derechos humanos, ya que las reformas constitucionales que tienen por objeto la revisión parcial de una constitución y la sustitución de una o varias de sus normas, van totalmente fundamentadas a estos derechos, que sin duda es el nuevo paradigma social debido a la necesidad que tiene la población de respetarlos y hacerlos valer.
El funcionario destacó que el país está avanzando en este sentido y los derechos humanos se ven necesariamente fortalecidos en el trabajo que los defensores públicos hacen con los ciudadanos, no nada más en materia penal, sino también en materia civil, familiar y el amparo.
“La finalidad es atender a gente de escasos recursos, para proteger sus derechos establecidos en la Constitución, que desde el Artículo Primero están señalados”, dijo.
En el congreso se contará con la presencia de expositores, abogados y doctores en derecho, que expondrán la forma en la cual los defensores trabajan, actividades que desarrollan y las diferentes experiencias que cada órgano defensor tiene en sus diferentes estados.
Así como también se mostrarán los trabajos que se realizan en la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) y la CONAGUA, donde hay investigaciones también relacionadas con el nuevo sistema y defensorías públicas.
El congreso está dirigido a defensores públicos, es decir a las 32 defensorías públicas del país, con sus respectivos abogados y se estaría realizando en las fechas donde ya debe estar implementado el Nuevo Sistema en todo México, el próximo año, que es la fecha límite que se tiene por ley para establecerlo.
Hay que recordar que antes de que se creara el Instituto de la Defensoría Pública, era una Dirección de la Defensoría de Oficio, dependencia de la Secretaría de Gobierno estatal, parte del mismo grupo de trabajo junto con la Procuraduría. Ahora, al ya convertirse en un instituto, es totalmente obligatoria y forzosa la presencia de un defensor público en cualquier actuación que realice el agente del Ministerio Público.
Para concluir, Valdespino García dijo que es necesario que el propio juez pueda determinar en caso de que haya defensores particulares y que vea que no tiene los conocimientos para poder llevar a cabo la defensa, se vea obligado a llamar a un defensor público para que asista al inculpado, de ahí la importancia y trascendencia que tiene esta institución, en beneficio de los ciudadanos.
