Luego del secuestro y asesinato de cuatro empresarios michoacanos en Ciudad Victoria, Tamaulipas, familiares de las víctimas solicitan la intervención de las autoridades del estado para que apoyen con los trámites legales necesarios para que los cuerpos puedan ser trasladados a Michoacán a fin de que sus familiares puedan enterrarlos en su tierra natal.
Se trata de Pascual Carranza Viveros, Emanuel Marmolejo Mandujano, y los hermanos Guadalupe y Juan Manuel Jiménez Magaña, oriundos de Zacapu, y la Comunidades del Zapote, municipio de Villa Jiménez respectivamente, dedicados a la compra-venta de automóviles, quienes el pasado diez de enero se trasladaron a Ciudad Victoria para adquirir un lote de vehículos.
Los cuatro jóvenes empresarios –de entre 32 y 40 años- fueron secuestrados en la entidad del norte, y sus familiares recibieron varias llamadas de los plagiarios quienes en dos ocasiones exigieron pagos para concretar la liberación, mismos que fueron cubiertos en su totalidad.
Luego de que los familiares exigieron una prueba de vida de las víctimas, los secuestradores rompieron contacto, por lo que se procedió a presentar las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), y solicitar el apoyo de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Ante la falta de respuesta de las autoridades locales y federales, los familiares se trasladaron a Tamaulipas para iniciar la búsqueda de los cuatro empresarios, tanto en hospitales, como en las autoridades de procuración de justicia tamaulipecas.
Finalmente al acudir al Servicio Médico Forense identificaron los cuerpos de las víctimas, mientras que las autoridades del lugar reportaron que no habían recibido notificación alguna del gobierno del estado de Michoacán solicitando información o la instrumentación de un operativo sobre este caso.
Los cuerpos de los cuatro jóvenes empresarios –padres de familia y reconocidos en sus respectivas localidadespermanecen en Tamaulipas ya que los trámites para su traslado se han dificultado, por lo que los familiares solicitan la intervención del gobierno de Michoacán para destrabar los procedimientos, y poder trasladarlos a su tierra, procurando además su seguridad, ya que tienen miedo de permanecer en aquella entidad tras lo sucedido.
Por tal motivo, los familiares demandan justicia, que las autoridades de Michoacán por lo menos ahora sí intervengan y den una explicación de porqué hacen caso omiso a las denuncias, porqué se olvidan de los michoacanos en desgracia.
