Un juez federal negó a Jesús Reyna García, ex secretario de Gobierno de Michoacán, detenido por presuntos vínculos con la organización criminal de los Caballeros Templarios, copias de los videos que tiene la Procuraduría General de la República (PGR) y en los que se evidencian las reuniones que sostenía con líderes del citado grupo criminal, entre ellos Servando Gómez Martínez, “La Tuta”.
Dicha negativa fue notificada a la nueva defensa de Reyna García, como parte del amparo que promovió contra su posible consignación –en próximos días- por delitos de delincuencia organizada o narcotráfico, radicado en el expediente 331/2014.
En el acuerdo Gilberto Romero Guzmán, titular del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, señaló que no es posible entregar copia de los citados videos, ya que forman parte de una investigación en curso relacionada con el delito de delincuencia organizada y en la cual existen más implicados.
“No es procedente conceder las copias de la averiguación previa y del archivo del video contenido en el CD-R marca Sony, 700MB, compact disc, tratándose de la investigación de delitos contra delincuencia organizada, existe regulación específica que obliga a la autoridad a guardar la mayor reserva respecto de la averiguación previa, pues esa es precisamente una condición para el éxito de esa investigación”, indicó el juez ante la petición de Reyna García como parte de la estrategia de defensa que tiene su abogado.
El ex gobernador interino se encuentra arraigado desde el pasado 5 de abril luego, de que compareció ante la Procuraduría General de la República (PGR) para explicar sobre reuniones que sostuvo con líderes de los Caballeros Templarios de cuyos encuentros hay evidencia testimonial, pericial y gráfica, esta última consistente en videos y fotografías en los que Reyna García aparece reunido con Servando Gómez Martínez, “La Tuta.
Se habla de que en las próximas horas, Reyna García, podría ser consignado ante un juzgado federal en materia penal, aunque la PGR podría, de última hora, tomar la decisión de agotar el término de los 40 días de arraigo que le concedió un juez y que concluiría a mediados de mayo próximo.
