Una vez que la procuraduría general de justicia del estado, sostuvo todas y cada una de las pruebas aportadas dentro de la indagatoria y el proceso penal, se acreditó la plena responsabilidad de tres individuos que participaron en el secuestro de un profesionista, conducta por la que fueron sentenciados a 26 años de prisión los sentenciados son: juan omar g., prudencio c., y fernando o., quienes fueron detenidos por los delitos de secuestro y robo calificado, hechos ocurridos en el mes de julio del 2011, en las inmediaciones de la colonia lomas de vista bella. Los ahora mencionados fueron requeridos por las fuerzas federales quienes al realizar un recorrido de seguridad por la mencionada colonia, se percataron de la presencia de unos individuos armados y de actitud sospechosa que viajaban a bordo de un vehículo tipo hummer, color blanco, quienes al percatarse de la presencia de las autoridades se dieron a la fuga. Por lo anterior, de inmediato las autoridades federales y militares, implementaron un operativo por aire en un helicóptero de la policía federal, mientras que por tierra los efectivos policiacos llegaban a un domicilio de la calle la mencionada colonia en donde fueron localizados los ahora sentenciados. En el lugar las autoridades requirieron a juan omar, prudencio y fernando, quienes fueron puestos a disposición del agente del ministerio público especializado en secuestros de la pgje. Asimismo, las autoridades federales liberaron sano y salvo a un profesionista que los plagiarios tenían privado de su libertad en dicho domicilio, donde se aseguraron unos vehículos. Por lo que respecta a juan omar y prudencio, estos fueron sentenciados a de 26 años y al pago de una multa de 39 mil 690 pesos cada uno; mientras que fernando fue sentenciado a 25 años de cárcel y un pago por la misma cantidad. La procuraduría general de justicia del estado, confirma su compromiso ante la ciudadanía de combatir por todos los medios legales el delito de secuestro y los demás ilícitos de su competencia, con el objetivo de hacer prevalecer el estado de derecho y recuperar la confianza de la sociedad en la institución del ministerio público.
