Firme en su compromiso de vigilar que los derechos fundamentales de personas en condiciones de vulnerabilidad no sean violentados, la Junta de Asistencia Privada (JAP), dependencia del Gobierno del Estado, ordenó en el transcurso de los años 2014 y 2015 la revocación de permisos y cierre de 10 instituciones de asistencia a la niñez y juventud que no cumplían con las condiciones mínimas requeridas para continuar en operación.
Las instituciones asistenciales que fueron extinguidas estaban distribuidas en los municipios de Morelia, Lázaro Cárdenas, Zacapu, Pátzcuaro y Uruapan, además de otras dos en Celaya y Tamaulipas que fueron cerradas debido a que su institución matriz operaba en Michoacán en condiciones que no eran óptimas.
La inhabilitación de dichos espacios derivó de las inspecciones que de manera permanente realiza la Junta de Asistencia Privada para verificar que los centros de atención a la niñez y juventud cumplan con las normas establecidas en la materia, esto incluye la revisión de las condiciones físicas de los inmuebles en los que operan, que ofrezcan servicios de salud, educación y alimentación adecuada, entre otros aspectos fundamentales para el buen desarrollo de los menores de edad.
Antes de que la Junta de Asistencia Privada emita la resolución del cierre definitivo de los centros de asistencia a la niñez y la juventud, debe estar garantizado el destino de los menores de edad bajo resguardo de estas instituciones, por lo que se lleva a cabo un proceso en el que intervienen el DIF estatal y municipales, la Secretaría de Salud de Michoacán, y hasta la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), con el propósito de que los niños puedan ser reincorporados a sus familias o, en su defecto, queden a cargo de las instancias pertinentes.
Actualmente, la Junta de Asistencia Privada tiene registradas como activas 30 instituciones de Asistencia a la Niñez y la Juventud, pero además de éstas, tiene a otras 12 ubicadas como focos rojos; es decir, en proceso de regularización, extinción o revocación del permiso para operar.
La presidenta de la Junta de Asistencia Privada, Leticia Vázquez Álvarez, afirmó que antes de que concluya la administración del gobernador Salvador Jara Guerrero tendrá que definirse el estatus de las instituciones ubicadas en focos rojos en los municipios de Morelia, Apatzingán, Tarímbaro, Uruapan, Zitácuaro, Angamacutiro, Zinapécuaro y Pátzcuaro.
Antes de ordenar el cierre de este tipo de centros, la dependencia estatal apoya a las instituciones para que mejoren sus condiciones, y cumplan con las normas; en tanto, se trabaja en coordinación con los gobiernos municipales para que sea preservada la integridad de los menores en tanto se desarrolla el proceso de regularización, o extinción en su defecto.