Para otorgar a la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado la facultad de dictaminar todos aquellos asuntos que se presenten en materia de transparencia y acceso de la información pública, el diputado José Guadalupe Ramírez Gaytán prepara una iniciativa con proyecto de decreto.
El legislador moreliano comentó que la iniciativa está dirigida a reformar la fracción XIV y adicionar la fracción XV del artículo 79 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado.
Recordó que para el desempeño de sus funciones legislativas, administrativas, de fiscalización e investigación, el Congreso trabaja mediante la integración de los diputados en las Comisiones de Dictamen y los Comités, en los cuales se vierte todo el trabajo de estudio y análisis.
Un buen trabajo legislativo, agregó, requiere de la puntual información que los diputados tengan del trámite de los asuntos que deban conocer durante el desempeño de sus funciones, del correcto turno a las Comisiones que presiden o integran para poder desempeñar un trabajo de altura, que se pueda enriquecer, discutir y dictaminar en base a todos los puntos de vista.
Por lo anterior, en aras de contribuir a la profesionalización del trabajo que se realiza en las Comisiones, la iniciativa en mención plantea que la Comisión de Gobernación tenga mayores facultades en asuntos relacionados con la transparencia y el acceso a la información.
Detalló que con esto, no se dejaría a la interpretación el turno de los asuntos a otras Comisiones, ya que expresamente adquiriría esta facultad la Comisión en referencia, en un tema de tanta importancia.
Si bien es cierto que el Poder Legislativo cuenta con un Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la función de esta área es para la supervisión y vigilancia de las unidades administrativas del Congreso, no así la de dictaminar los asuntos que llegan al mismo.
Es de mencionar que la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso, señala en la exposición de motivos, la necesidad de garantizar la participación de los ciudadanos mediante el acceso completo a la información sobre asuntos del Estado, que garantiza el derecho a la información, con los objetivos de establecer un modelo administrativo abierto y democrático en contraposición al modelo cerrado y criptográfico anterior.
