A raíz de la política de inmigración adoptada el año anterior por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, los consulados ubicados en dicho país experimentan una alta demanda y, por consiguiente, numerosos migrantes se hallan en una situación de vulnerabilidad, según ha declarado la Secretaría del Migrante en Michoacán (Semigrante).
“Los consulados están sobrecargados, han superado su capacidad porque fueron establecidos con un personal adecuado para períodos normales y regulares, no para la administración de Donald Trump, ni para una política gubernamental tan drástica en contra de los migrantes latinoamericanos y, en particular, los michoacanos”, comunicaron.
La institución manifestó que su capacidad está desbordada debido a la falta de una planificación adecuada, teniendo en cuenta el comportamiento excepcional del actual gobierno estadounidense que, según la Semigrante, ha empezado a operar de manera inusual; además, subrayó que no se dispone de los abogados necesarios, y muchas de las personas detenidas no han logrado regresar a México.
En este contexto, la Secretaría mencionó que es necesario establecer comunicación con el coordinador de consulados de México en los Estados Unidos para discutir las estrategias de defensa de los ciudadanos mexicanos, considerando que Michoacán tiene una notable presencia en esa nación, así como ser uno de los estados que mayor volumen de remesas envía.
Esto, afirmó, requiere que la Cancillería, por medio de los consulados, proteja a la población mexicana con abogados financiados por el propio gobierno de la República. “No estamos en una fase normal o habitual, nos encontramos en una condición extraordinaria y es indispensable implementar medidas extraordinarias por parte del gobierno”.
Es importante destacar que el año anterior se deportaron o repatriaron a más de siete mil michoacanos, lo cual ha provocado la “fragmentación de las familias”, ya que algunos permanecen en Estados Unidos —generalmente, los hijos de los migrantes que nacieron allí—, si bien también se debe estudiar cómo esas personas repatriadas se reintegrarán a la actividad económica en sus respectivas comunidades.
