Hoy, esta LXXII Legislatura Constitucional, gracias al trabajo y participación de sus integrantes, tiene la posibilidad de reafirmar su responsabilidad ciudadana y hacer prevalecer el interés común por sobre intereses coyunturales, personales o de partido. Dijo Poncho Martinez en un discurso que dio la imagen concertada de no agresión, con tal de volver a cerrar los candados para que el gobierno no se endeude no a lo pendejo , no, no, a lo cabrón y valiéndoles maiz tocho marocho.
No sólo recuperaremos los pasos que se habían dando hacia atrás en Michoacán, sino que damos un importante paso hacia adelante, hacia la planeación y administración pública en un esquema de modernidad y verdadera corresponsabilidad de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución de la República. Dejamos de lado esquemas que posibilitan la contratación de deuda pública sin autorización del Congreso bajo supuestos sumamente laxos e irresponsables. También queda atrás la posibilidad de reestructurar o refinanciar deuda por parte del Ejecutivo del Estado sin autorización del Congreso.
Las acciones de reestructura y refinanciamiento se excluyen de la definición de inversiones públicas productivas, condicionando su autorización exclusivamente al mejoramiento de las condiciones de pago. Los montos de endeudamiento neto deberán preveerse y establecerse en las leyes de ingresos estatal y municipales, mismos que además deberán coincidir con lo establecido en los presupuesto de egresos, lo que sentará las bases para una verdadera planeación y eliminará las prácticas de improvisación que limitan los efectos de la inversión pública a largo plazo.
En este sentido, se elimina también la posibilidad de contratar deuda de corto plazo, misma que aunque tenía requisitos como no rebasar cierto porcentaje respecto del presupuesto total y ser pagada durante el mismo ejercicio fiscal, no siempre es destinada a inversiones públicas productivas, pero lo peor es que muchas veces no se paga cuando se debe y se arrastra comodamente de administración en administración.
Dicha deuda de corto plazo podía alzancar hasta el 4% de los presupuestos de egresos sin que el Congreso tuviera conocimiento. Por ejemplo, el Gobierno del Estado tiene posibilidad de contratar alrededor de 2 il millones de manera discrecional, situación que resulta contraria al mandato constitucional, puesto que es una sencilla manera de obtener recursos transfiriendo la responsabilidad a otros.
