Los mexicanos de todos los sectores sociales hicieron patente que se había llegado a un límite en la tolerancia de actos de corrupción, abuso de poder, impunidad e inseguridad, afirmó la coordinadora parlamentaria de .
Por ello, subrayó que su bancada comparte plenamente ese reclamo, por lo que consideró favorable el proyecto de Decreto por el que se expide la , ya que fortalece el ejercicio del derecho ciudadano.
“La confección de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública es una respuesta al intenso reclamo ciudadano de transparencia, rendición de cuentas y castigo a la corrupción”, subrayó.
En tribuna la también integrante de la Comisión de Gobernación aseguró que con dicha normatividad se empoderará a la ciudadanía, además de acercarla las autoridades y reducir la desconfianza que se tiene hacia éstas.
Además, la legisladora aliancista destacó que un punto relevante de la Ley es que ahora los sujetos obligados deberán documentar sus acciones y no habrá justificación para que algún servidor público decrete la inexistencia de información.
“Toda la información en posesión de cualquier entidad pública debe ponerse a disposición de la ciudadanía y solo podrá ser reservada temporalmente por causas de seguridad nacional y solo cuando demuestren que su divulgación causaría un perjuicio mayúsculo al interés público”, insistió.
Asimismo, refirió que es necesario destacar lo establecido en el artículo 115 de esta Ley, ya que cuando se trate de información relativa a violaciones graves de derechos humanos o con actos de corrupción, no podrá invocarse el carácter de información reservada.
Este mandato, dijo, tiene suma trascendencia porque establece que ningún sujeto obligado podrá poner pretextos para hacer pública la información relativa a prácticas corruptas concretas o violaciones flagrantes de los derechos humanos.
“Así, se consolida el derecho de acceso a la información pública y se construyen las bases del Sistema Nacional de Transparencia, con una efectiva distribución de competencias entre la federación y las entidades federativas”, advirtió.
En este sentido, la diputada por Nuevo León destacó que los órganos autónomos, los partidos políticos y los sindicatos, ahora tendrán que abrir su información al público, “muy relevante es que los fideicomisos y los fondos públicos también pasan a ser sujetos obligados, porque tradicionalmente han sido fuente de opacidad y encubrimiento de operaciones que despiertan sospechas de irregularidades”.
Sin embargo, expuso, podrían modificarse algunos artículos para fortalecer aún más la transparencia y la rendición de cuentas, como el 72 a fin de establecer que los grupos parlamentarios sean sujetos obligados a la transparencia.
“Es indispensable que los gobernantes, los representantes populares y la propia ciudadanía se comprometan a hacer realidad los objetivos trascendentes de las reformas legales”.
Finalmente, hizo hincapié en que, desde el pasado 31 de enero, está a disposición del público el portal de transparencia del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, en donde se puede encontrar la información relativa a los ingresos, gastos, personal empleado, votaciones y asistencias, entre otros indicadores, ello, en concordancia con la rendición de cuentas que tanto reclamara, con justa razón, la sociedad mexicana.
