Debido a la serie de movilizaciones realizadas por habitantes de Ucareo que exigen la liberación de tres personas implicadas en un presunto linchamiento ocurrido en la misma localidad, el ministerio público de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) solicitó al juez de control de garantías la privacidad de la audiencia en la que se determinará la situación jurídica de los presentados.
Al iniciar la continuación de la audiencia inicial, el juez Ariel Montoya Romero dio a conocer la petición de la fiscalía para que la reunión se llevara a cabo de manera privada, tras argumentar riesgos en la seguridad pública y afectaciones en los actores intervinientes del juicio, derivado de la serie de manifestaciones que han protagonizado simpatizantes de las personas implicadas, presentadas por la PGJE.
Sin embargo, el juez de control de garantías, desechó la petición del ministerio público al no advertir la presencia de manifestantes en el inmueble y por lo tanto, ningún riesgo para los participantes en la audiencia, además de que hizo hincapié en el principio de máxima publicidad que debe tener la justicia penal dentro del nuevo sistema.
Acto seguido, en presencia de familiares de los detenidos entre el público, el juez Ariel Montoya aceptó los testimonios de dos testigos como parte del desahogo de pruebas por parte de la defensa, que desde el pasado 5 de julio, solicitó la duplicidad de término, para determinar la vinculación a proceso de los implicados.
No obstante, al carecer de los conocimientos sobre técnicas de litigación que establece el nuevo sistema de justicia penal por parte de los dos abogados particulares, el juez determinó retirarlos de la defensa al considerar que dicho desconocimiento pone en riesgo el derecho a una defensa técnica y adecuada de los detenidos.
El error del par de litigantes radicó en los cuestionamientos incorrectos que hicieron hacia el primer testigo presentado por la misma defensa, los cuales fueron objetados constantemente por los elementos del ministerio público que forman parte de la audiencia.
Por tal motivo, ante el sistemático y reiterado desconocimiento de la defensa sobre las técnicas de litigación, el juez decretó un receso de tres horas, a fin de conseguir abogados defensores para los inculpados, situación que generó la zozobra de los familiares presentes, quienes además obtuvieron una llamada de atención del juez, por intentar tener comunicación con los indiciados durante el desahogo de la audiencia.
De esta manera, el interrogatorio a los dos testigos quedó suspendido y será hasta el reinicio de la audiencia cuando se retome el procedimiento como prueba de la inocencia de los tres detenidos y a su vez, el juez cuente con los elementos suficientes que le permitan emitir un veredicto.
Es de señalar que la duplicidad de término vence en la madrugada de este sábado, motivo por el cual el juez consideró imperativo garantizar el derecho a una defensa técnica y adecuada a través de un abogado con conocimientos de técnicas de litigación o mediante abogados de la Defensoría de Oficio.
