El Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI) en el Senado pidió a los grupos ciudadanos que buscan hacerse justicia de propia mano y con medios fuera del marco de la ley, para resolver el problema de inseguridad en Michoacán, confiar en la aplicación de la ley por parte de las instituciones, a fin de atender su exigencia de trabajar y vivir en paz.
Al respecto, el legislador por el estado de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, destacó en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha una estrategia integral, con el propósito de prevenir y atender las necesidades más sentidas de la población.
Sin embargo, advirtió que poco se logrará “si no somos serios en el diagnóstico y mucho menos si se sigue la ruta fácil del oportunismo político y se busca sólo una cuestionable rentabilidad electoral; o peor aún, si se tiene como motivo la frustración y el resentimiento, y sólo se especula”.
Es por ello, que la bancada del PRI en la Cámara alta se pronuncia a favor de las acciones que de manera coordinada y en el marco del pacto federal llevan a cabo el Gobierno federal y las autoridades, legítimamente constituidas en la entidad, para restablecer condiciones de paz, legalidad y seguridad, factores que seguramente fortalecerán el Estado de derecho, en beneficio de los michoacanos, aseguró Tello Cristerna.
Aclaró que esta problemática no es reciente, ni mucho menos producto de la alternancia democrática en el Gobierno del estado, sino que ha venido incubando en más de una década, en la que por cierto mi partido, el Revolucionario Institucional, no estuvo al frente ni del Gobierno estatal, ni del federal.
Al subir a tribuna para dar a conocer el posicionamiento de su fracción parlamentaria sobre este tema, Alejandro Tello comentó que la presencia significativa de fuerzas federales, tanto del Ejército, como de la Marina y de la Policía Federal, son necesarias en estos momentos en aquella entidad, ya que es la forma de garantizar la seguridad de los habitantes y el desarrollo libre de las actividades de los ciudadanos bajo el imperio de la ley.
Para lograr esos objetivos, se trabaja de manera coordinada con las autoridades estatales y con la fuerza suficiente para contener las actividades de los grupos criminales y llevar ante la justicia a quienes han delinquido y se han constituido en una amenaza para la población y para la estabilidad de la entidad, aseveró el senador de la República.
En este contexto, consideró “valiosísima” la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en esta coyuntura, para salvaguardar el respeto a los derechos fundamentales de la población.
De igual forma, señaló la necesidad de encontrar acuerdos que permitan un respaldo decidido de los partidos y de los ciudadanos a las acciones implementadas para auxiliar a la sociedad michoacana y a sus autoridades, y resolver los problemas que hoy se viven en Michoacán.
