El recién establecido Poder Judicial de Michoacán ha conseguido establecer un orden administrativo y financiero durante sus primeros tres meses en el cargo, logrando un ahorro considerable que permitió desestimar la petición de un incremento presupuestal de 117 millones de pesos presentada por la anterior administración. Hugo Gama Coria, el magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, indicó que este resultado se alcanzó a través de un análisis detallado de las finanzas y una rectificación en la gestión del Capítulo 1000 (Servicios Personales).
Gama Coria especificó que la propuesta inicial de 117 millones de pesos tenía como propósito finalizar el año, dotar de equipamiento y mobiliario las nuevas salas regionales, así como sufragar los salarios de los nuevos magistrados y abonar las indemnizaciones constitucionales a los exjueces. Sin embargo, la nueva dirección detectó movimientos financieros ambiguos en el área de servicios personales, lo que llevó a realizar una auditoría interna de forma inmediata.
“Existía, —utilizo el término existía porque ya no es necesaria—, una solicitud de aumento presupuestal hecha por el anterior Consejo del Poder Judicial que fue entregada al gobierno estatal por 117 millones de pesos para concluir el año, equipar y amueblar estas salas regionales, cubrir los salarios de los nuevos magistrados, y pagar las indemnizaciones constitucionales a los exjueces. Esta petición del consejo anterior tenía como objetivo eso”, declaró el magistrado presidente.
Gracias a la mejora en la transparencia y gestión de estos recursos, el Poder Judicial logró el ahorro necesario para prescindir de financiación externa, finalizando el año fiscal al cumplir con todos los compromisos financieros contraídos, incluyendo los salarios de los nuevos magistrados, cuyo total se aumentó de 19 a 32 en el Supremo Tribunal, además de cinco en Disciplina y dos en Administración.
Además, mediante una modificación a la legislación del Fondo Auxiliar, se logró abonar alrededor del 90% de las indemnizaciones constitucionales pendientes a los exjueces, con los pagos restantes en proceso de dictamen y aprobación.
Respecto al equipamiento de las nuevas salas, se decidió hacer uso de activos ya disponibles en el propio Poder Judicial, eliminando la necesidad de hacer gastos adicionales en mobiliario.
Asimismo, se informó que, una vez atendidos todos los compromisos financieros pendientes, el órgano administrativo, presidido por la magistrada Xiomara Treviso, identificó un ahorro adicional de casi 18 millones de pesos. Estos fondos sobrantes serán destinados a la adquisición de más equipamiento y mobiliario para los juzgados y salas existentes.
En conclusión, en un periodo de tres meses, la nueva administración del Poder Judicial ha logrado regular sus finanzas, cumplir con obligaciones financieras complejas y generar un excedente de 18 millones de pesos, evidenciando una gestión eficiente de los recursos propios, lo cual contrasta con la necesidad original de buscar un rescate financiero por parte del gobierno estatal.
