Por: Alberto Torres/ Altorre
Con 38 votos a favor, 1 abstención y una inasistencia, el Pleno del Congreso del estado de Michoacán aprobó la tan anhelada reestructuración de la deuda pública de Michoacán contraída con bancos e instituciones de crédito.
La aprobación se dio en el último momento ya que no se encontraba registrada en ninguno de los 20 puntos de la Orden del Día, entregada a los medios de comunicación.
La aprobación se dio en luego del segundo punto en el que la diputada Cristina Portillo, hiciera uso del micrófono para detallar las inasistencias de los legisladores.
Cabe mencionar que no hubo apelaciones, ni posicionamientos de parte de las fracciones parlamentarias, para acreditar o desacreditar lo planchado del proyecto.
Así la LXXII Legislatura local, aprobaron el dictamen por el que se autoriza al Ejecutivo del Michoacán la reestructuración de siete créditos de largo plazo por un monto de 11 mil, 056 millones, 277 mil,990 pesos y 24 centavos.
Durante la aprobación solo el diputado perredista Uriel López Paredes optó por la abstención, sin querer externar sus motivos, aunque se le insistió mediante una arrebatada conferencia de prensa ‘banquetera’ a las afueras del salón de Pleno.
El dictamen autoriza al Ejecutivo para que, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, realice la reestructuración de la deuda pública hasta por la cantidad de once mil 56 millones 277 mil 990.24 pesos.
Dicha reestructuración deberá ser con las mismas instituciones y entidades acreedoras, con las que se suscribieron los contratos originalmente, estableciéndose que en los términos de dichos convenios no se modificarán las condiciones de monto y plazo, pero sí las cláusulas que establecen obligaciones o señalen penalizaciones, incluyendo causas de vencimiento anticipado, así como aquellas otras que resulten necesarias o convenientes para el cumplimiento del contrato o instrumento de que se trate.
Además se autoriza al Ejecutivo a la reestructuración, siempre y cuando el pago del servicio de la deuda no exceda el cinco por ciento del presupuesto anual de egresos, esto a pesar de que el párrafo segundo del artículo octavo de la Ley de Deuda Pública, establece como máximo un 2.5 por ciento.
Los siete créditos de largo plazo que serán revisados en sus cláusulas incluyen el celebrado el nueve de marzo de 2007 con Banorte, por 600 millones de pesos, cuyo saldo el 30 de septiembre pasado era de 585 millones 856mil 575.13 pesos; el celebrado el 14 de marzo de 2007 con Banobras por 998 millones 148 mil 149 pesos, cuyo saldo en septiembre era de 988 millones 21 mil 48.98 pesos.
Otro más es el contrato de apertura de crédito simple celebrado el 14 de marzo de 2007 con Dexia Crédito Local México, S.A. de C.V., hasta por 971 millones 555 mil 924 pesos, y que al 30 de septiembre pasado tenía un saldo de 948 millones 654 mil 41.82 pesos.
Además está el contrato de apertura de crédito simple del 23 de febrero de 2011 y modificado el 20 de mayo de 2011, con Banorte, por dos mil millones de pesos, y que en septiembre pasado tenía un saldo de mil 857 millones 142 mil 863 pesos; asimismo el contrato del 27 de abril de 2011, con Banobras por mil 514 millones dos pesos, cuyo saldo en septiembre ascendía a mil 413 millones 66 mil 668.56 pesos.
El sexto contrato es el celebrado el seis de mayo de 2011, con Banco del Bajío por mil 285 millones 999 mil 998 pesos, con un saldo al 30 de septiembre pasado de mil 200 millones 266 mil 664.72 pesos; y finalmente está la emisión de certificados bursátiles fiduciarios realizada el tres de diciembre de 2007, por la cantidad de 894 millones 149 mil 700 UDIS, los cuales a la fecha de contratación ascendían a la cantidad de tres mil 499 millones 999 mil 677.65 pesos, respaldada con el Impuesto sobre la Nómina, cuyo saldo al día 30 de septiembre de 2012 ascendía a 845 millones 559 mil 656.07 UDIS, lo que representa un monto de cuatro mil 63 millones 270 mil 128.03 pesos. Foto: Camilo Torres/ Altorre
