El presidente de la Mesa Directiva de la LXXII Legislatura, Alfonso Martínez Alcázar, turnó a las Comisiones de Justicia y Seguridad Pública y Protección Civil para su estudio, análisis y dictamen, la iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo para reformar el Decreto Legislativo número 13, modificatorio de los artículos transitorios Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto Séptimo y Octavo del Código de Procedimientos Penales del Estado.
Dicho decreto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado 19 de febrero y establece la implementación del sistema procesal penal acusatorio en la entidad, de forma regional y gradual.
La iniciativa presentada por el Ejecutivo, tiene como objetivo, que la implementación del nuevo sistema de justicia penal en Michoacán se dé en condiciones óptimas, es decir, con la normatividad definitiva, habiéndose previamente realizado las evaluaciones pertinentes en las áreas de seguridad pública y de procuración de justicia que se requieren, además de que éstas se organicen de acuerdo a las líneas de actuación institucional interna que las nuevas autoridades dicten.
Lo anterior, señala el documento, tomando en cuenta que lo anterior no se contrapone con lo dispuesto en la Constitución Federal, puesto que la fecha límite para la implementación del sistema acusatorio es en el mes de junio del año 2016.
De igual forma, la iniciativa expone que como es conocido, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hizo la declaración de haber sido aprobadas reformas constitucionales, entre otras, a la fracción VIII del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para prever que las Constituciones locales deben garantizar que las funciones de procuración de justicia se realicen, entre otros extremos, con autonomía.
Por ello, se considera necesario que el Congreso del Estado realice las reformas constitucionales y legales atinentes a la transformación orgánica y funcional de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
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