Convencido de que es necesario establecer los mecanismos jurídicos que de manera eficaz pongan un alto a los actos fraudulentos cometidos por los intermediarios en contra de los productores agropecuarios, los cuales en su mayoría son principalmente los pequeños productores, quienes se convierten en víctimas de gente que funge como intermediario entre el productor campesino y el comerciante mayorista de los mismos, el diputado Erik Juárez Blanquet, presentó al Pleno del Congreso local una iniciativa de decreto por el que se adicionan las fracciones XXIII y XXIV al artículo 325 del Código Penal del Estado.
Desgraciadamente en la actualidad, refirió el legislador, en nuestro Estado los productores campesinos de las diferentes regiones constantemente se ven afectados en su patrimonio, muchas veces de manera irremediable e irreparable, por la conducta de personas que aun antes de celebrar cualquier convenio con ellos y sabiéndolos en la situación tan desventajosa en que muchos de ellos se encuentran, no tienen ninguna intención de pagar o cumplir la obligación que establecen, con el sólo fin de obtener provecho de la contraprestación realizada por el productor campesino y por medio de la cual se hacen del producto de este último.
Ante tal situación, subrayó, es necesario proteger el patrimonio del productor campesino frente a los abusos de los intermediarios, mediante la creación de un tipo penal, para contar con el marco jurídico que de certeza y seguridad a las operaciones agropecuarias.
El marco normativo de nuestro Estado que actualmente rige dicha actividad, refirió Juárez Blanquet, está siendo desfasado por las conductas que lesionan los intereses económicos de cientos de campesinos, por lo que es necesario dotar de eficacia los instrumentos jurídicos que rigen en la materia.
El tipo penal propuesto en el presente proyecto de decreto, explicó el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, no protege a cualquier persona, únicamente y por justicia social al productor campesino, frente a aquellas personas maliciosas que tienen la intención de aprovecharse de las desiguales condiciones económicas y muchas veces educativas en las que este vive. Todo lo anterior distingue el tipo penal propuesto de un simple incumplimiento de contrato civil.
Estoy convencido, remarcó, que la aprobación del tipo penal propuesto permitirá combatir eficazmente este tipo de abusos que hasta ahora han sufrido los campesinos, en armonía con las garantías establecidas en nuestra Ley Fundamental. También, permitirá combatir de manera eficaz los abusos cometidos hasta ahora por los intermediarios en contra de los productores campesinos.
A esta propuesta que fue turnada a la Comisiones de Seguridad Pública y Protección Civil y Justicia, para su estudio, análisis y dictamen, se adhirieron diputados de las diferentes fracciones parlamentarias.
