El Partido de la Revolución Democrática, en voz del coordinador en Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, anunciaron formalmente la presentación de la reforma político-electoral, que fortalecerá el sistema democrático del país y generará mejores herramientas de participación ciudadana.
Estas reformas a diversos artículos de la Constitución, plantean crear el Instituto Nacional Electoral, expedir la Ley General de Partidos, la Ley de Propaganda Gubernamental y definir una sola jornada electoral cada tres años, además de los criterios para establecer a la Ciudad de México como un estado más, gobiernos de coalición y reelección inmediata de legisladores.
Asimismo, se planteará el establecimiento de la reelección inmediata de legisladores, la eliminación del fuero del Presidente de la República, la reforma política del Distrito Federal y las reformas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, para integrar el gobierno de coalición en el ámbito federal.
El diputado Silvano Aureoles refirió que la gran parte de las propuestas presentadas esta tarde en conferencia de prensa, son demandas añejas de la izquierda, que tienen como fin fortalecer a las instancias electorales con mayores facultades sancionadoras, ampliar la regulación de partidos políticos y coaliciones, así como regular la propaganda oficial.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política refirió que esta reforma política del PRD es producto de un proceso amplio de consulta interna y de asesoramiento con especialistas y expertos en el tema, para transformar de fondo al actual sistema político.
La reforma político-electoral del PRD contempla entre otras cosas:
· La Creación del Instituto Nacional Electoral, con atribuciones para organizar tanto las elecciones federales, como las estatales y municipales.
· Establecer garantías para el respeto al voto libre y secreto de los ciudadanos, eliminado las distorsiones producidas por la intervención indebida de dependencias federales y los gobiernos estatales y municipales en las campañas electorales.
· Implantar la imparcialidad de los órganos y tribunales electorales, en el ámbito federal y estatal, y evitar la duplicidad de estructuras de los órganos y tribunales electorales, con el consecuente ahorro en el gasto electoral.
· Estatuir una sola jornada electoral nacional cada tres años, para elegir legisladores federales, estatales y gobiernos municipales, así como Presidente de la República y gobernadores cuando corresponda, de manera que las campañas electorales se conjuguen, obteniéndose reducciones sustanciales en el gasto electoral de los partidos y sus candidatos.
· Perfeccionar la fiscalización del origen y destino de los gastos de los partidos políticos y estipular que el rebase de los topes de gastos de campaña, será penado con la cancelación del registro del candidato infractor o con la nulidad de la elección.
· Mantener plena autonomía de las entidades federativas para definir su régimen político interno, al conservar sus atribuciones para determinar la forma de gobierno, la integración de las legislaturas estatales y Ayuntamientos y fijar los requisitos para la formación de partidos políticos locales.
Igualmente se plantean cambios a leyes reglamentarias para establecer el fortalecimiento del nuevo órgano electoral; regular el derecho de asociación política tanto en el ámbito federal como local, establece la paridad de género en la integración de los órganos de dirección partidaria y en las listas de candidatos a cargos de elección popular.
Se propone también erradicar el uso de la contratación de propaganda gubernamental como instrumento para censurar o premiar a los medios de comunicación y obligue a las dependencias gubernamentales a publicar su padrón de proveedores y a aprobar anualmente un programa de gastos en la materia.
Garantizar el ejercicio ciudadano a la consulta popular sobre leyes y reformas constitucionales vigentes o por aprobar, estableciendo como requisito la firma de un dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, las que tendrán efectos vinculantes en caso de que participe al menos el 40% de los electores.
Se creará un órgano, con facultades de Ministerio Público, encargado de perseguir los actos de corrupción de los servidores públicos, y sus contrapartes en el ámbito privado o social, y recuperar los recursos públicos afectados por dichos actos.
Regular el derecho de los ciudadanos a la réplica, en el caso de información falsa publicada en los medios de comunicación que les afecte y proponer la promulgación de la Ley de Salarios Máximos a los Servidores Públicos, presentada en la anterior legislatura por el PRD.
