El presidente de la comisión de Fomento Económico en el Senado de la República, José Ascención Orihuela Bárcenas presentó la iniciativa para con proyecto de decreto para reformar los artículos segundo, tercero y cuarto transitorios de la Ley de Economía Social y Solidaria, que entre otros puntos propone la constitución del Instituto Nacional de Economía Social en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor de la ley.
En sesión ordinaria y a nombre propio y de los senadores Fernando Herrera, Benjamín Robles, Marcela Guerra y Teófilo Torres, el presidente de la comisión legislativa de Fomento Económico indicó en la exposición de motivos que La Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2012, prevé la creación del Instituto Nacional de la Economía Social como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, con autonomía técnica, operativa y de gestión en los términos establecidos en la misma.
En Instituto, agregó, tiene como objeto instrumentar políticas públicas de fomento al sector social de la economía, con el fin de fortalecer y consolidar al sector como uno de los pilares de desarrollo económico del país, a través de la participación, capacitación, investigación, difusión y apoyo a proyectos productivos del sector.
Entre las funciones conferidas al Instituto, se encuentran la de promover y apoyar la creación de Organismos del Sector y Organismos de Integración que constituyan y operen conforme a las Leyes que regulan sus materias específicas, encontrándose entre otros, aquellos para la prestación de servicios financieros al mismo Sector; así como establecer y mantener actualizado el Registro Nacional de los Organismos del Sector y propiciar condiciones favorables para el crecimiento y consolidación del mismo, mediante el establecimiento del Programa de Fomento a la Economía Social.
El Instituto será el responsable de integrar la información del Registro de manera económica, electrónica y simplificada, así como de su resguardo y actualización. Además, dijo, la ley señala que el Instituto deberá quedar constituido, instalado y reglamentado en un plazo no mayor a 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor de la Ley, asumiendo las funciones e integrándose con los recursos financieros, materiales y humanos que actualmente están asignados a la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (FONAES).
En este sentido, considerando que uno de los objetivos de la Ley es facilitar la organización y expansión de la actividad económica del sector social de la economía, así como el fomento e impulso a éste por parte del Estado, es importante que el Instituto cuente con todas las herramientas para la consecución de sus fines, como lo es el Registro Nacional de Organismos del
Sector. De igual manera, es importante que este sector no se vea afectado en
el acceso a los apoyos económicos.
Chon Orihuela agregó que para llevar a cabo la debida operación del Registro, ésta implica desarrollar una aplicación informática, capacitar a los operadores del mismo, emitir los lineamientos del propio Registro, así como alimentar la base de datos con la información de las inscripciones, entre otras acciones; las cuales requieren que el Ejecutivo Federal destine mayor tiempo al estipulado en la Ley, por lo que es necesario extender el plazo lograr la implementación e inscripción al citado Registro.
De lo contrario no se daría tiempo suficiente para que los Organismos del Sector y los Organismos de Integración quedaran oportunamente registrados, a fin de que puedan gozar de los derechos y beneficios derivados de la Ley.
Por todo lo anterior, indicó el senador michoacano, es necesario reformar el primer párrafo del segundo transitorio de la Ley que otorga seis meses para la realización convocatorias, asambleas y Congreso constituyente del Sector; eventos cuya realización se propone ampliar a un plazo no mayor de 18 meses, con el objeto de que se lleven a cabo con pleno respeto a lo establecido por la Ley, según la cual la participación de los Organismos del Sector y sus Organismos de Integración queda condicionada a que todos ellos se encuentren inscritos en el Registro.
En la máxima tribuna del país, Orihuela Bárcenas destacó que como la ampliación del plazo referido permitiría que el Instituto ya se encuentre instalado, éste podría realizar dichos eventos, por lo que se propone en dicho artículo, que en lugar de las “delegaciones estatales” de la Secretaría de Economía, se mencione al Instituto.
Asimismo, finalizó, es necesario reformar el tercero transitorio, párrafo cuarto, de la Ley, por el que se continuaría aplicando el Acuerdo de Organización y Funcionamiento Interno FONAES, en tanto se modifica el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, únicamente; pero como el Instituto contará con su propio Reglamento Interior, se agrega la referencia a este otro reglamento para evitar que se pudiera dejar sin efectos dicho Acuerdo cuando aún no estuviera completamente reglamentado el Instituto.
Finalmente, es necesario reformar el cuarto transitorio de la Ley el cual establece que las normas del Registro y del Programa deben expedirse en un plazo no mayor de ciento ochenta días naturales posteriores a su instalación. La propuesta sólo ampliará el plazo para expedir la normatividad del Registro, a fin de que éste pueda iniciar sus actividades en el plazo previsto originalmente.
