Ya lo admitieron…
“Según los chismes dicen que en estos últimos dos años han padecido recortes no solo al salario, sino también a las prestaciones y la compensación por riesgo de trabajo. “Este fin de semana tuvo que llegarnos el bono denominado ‘tractor’, que desde hace varios años se da en dos exhibiciones; una en julio y la otra en diciembre, pero no llegó”, refirió un elemento de la Policía Ministerial.
El uniformado, quien lleva 20 años en las filas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), acusó que desde febrero pasado no les han pagado lo correspondiente a gasolina, además de que con el transcurso del tiempo y de las diversas administraciones se han visto rebasados por el crimen organizado, debido a que no cuentan con suficientes armas.
Refirió, a pesar de las amenazas que supuestamente reciben de los nuevos mandos, que a partir de que la gente del Estado de México asumió la riendas de la dependencia, las cosas cambiaron; dejaron fuera a la mitad de la plantilla laboral porque no acreditaron los exámenes de control y confianza, pero nunca se los mostraron para ver en que habían fallado, y despidieron a policías, peritos y agentes del Ministerio Público, en tanto sus puestos fueron ocupados por nuevos colaboradores, a quienes no les aplicaron las pruebas.
Afirmó que quienes permanecen dentro de la PGJE, sobre todo los que se encuentran asignados fuera de Morelia, parece que pagan por trabajar, debido a los gastos excesivos que tienen, pues de sus bolsillos ponen para la gasolina y los viáticos, además de que tienen que solventar los gastos de dos casas, la educación de sus hijos, y si quieren pasar el fin de semana con ellos, también el transporte.
Otro colaborador reconoció que la forma de trabajar de los mandos ha ocasionado violaciones a los derechos humanos; denunció que tienen la instrucción de robar y extorsionar, como en el caso de los bares que han cateado y en los que han ‘sembrado’ droga, además de señalar que las bebidas están adulteradas, con el propósito de exigir dinero a los dueños a cambio de no detener a los empleados y no cerrar el establecimiento.
“En realidad no nos dicen con antelación qué es lo que vamos a hacer, solo nos comentan que habrá una 40 (comisión especial) y a la mera hora nos confirman a dónde, y si es a bares, quieren que le pidamos dinero a los trabajadores o a los dueños del lugar, y que si no quieren ‘soltar’ hagamos un 36 (‘sembrar’ droga para presionarlos)”.
Recordó que hace poco a un compañero lo pusieron a disposición porque avisó al propietario de un bar que iba a haber un operativo, lo cual no pudo haber sido, debido a que no se les comenta nada hasta el momento de la acción, para evitar que haya fuga de información.
Un elemento al que le han recortado el sueldo y la compensación, señaló: “Nos tienen puesta la bota en la cara; no podemos quejarnos, pues de lo contrario nos dan de baja y además ya nos advirtieron que ellos llegaron a ‘chingar’ lo más que se pueda y que cuando esta administración se vaya ellos también y que si nos parece bien pues de lo contrario nos dicen que la puerta está muy ancha y que si queremos nos podemos ir”.
Los entrevistados aseguran que por temor a perder su trabajo no han hecho nada, ya que no se pueden quedar desempleados, pues a su edad no encontrarían otro con el que puedan sostener a su familia y dar educación a sus hijos.
A pesar de que la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) en el estado se aplazó un año, las autoridades tendrán que trabajar a marchas forzadas para capacitar de nuevo a quienes se integren a las filas de la PGJE, pues de los poco más de 3 mil elementos, entre policías, agentes del Ministerio Público, y peritos, 250 fueron despedidos, quienes además ya se encontraban adiestrados en la materia.
