En un escenario en el que los propios legisladores enfrentan situaciones legales relacionadas con cuestiones fundamentales, el Congreso de Michoacán se ha entrometido en el procedimiento interno de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), incrementando la presión sobre el proceso de sucesión en la rectoría, una elección sin precedentes que todavía se encuentra en ajustes internos y que podría concluir en noviembre.
Durante una conferencia de prensa, Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del PT, comunicó que este miércoles será presentado ante el Pleno un exhorto dirigido a la Universidad, instando a la emisión, en un periodo de 15 días, de los reglamentos que estructurarán el proceso.
El legislador afirmó que la universidad ha incumplido el mandato estipulado en su Ley Orgánica, publicada a través del decreto 163 el 8 de marzo de 2025, que otorgó un total de 190 días hábiles para adecuar su normativa interna. Este plazo expiró el 4 de diciembre de 2025.
“Hasta el momento, la Universidad presenta un atraso de aproximadamente cuatro meses, durante los cuales no ha emitido reglamento alguno, modificación o documento normativo”, acusó el representante popular del distrito 8 con sede en Tarímbaro.
No obstante, su declaración no se limitó a un ámbito técnico. Gaona añadió un elemento de consideración política al señalar que la falta de cumplimiento podría tener un trasfondo faccioso con el propósito de favorecer a ciertos candidatos.
El exhorto, en este sentido, surge en un periodo especialmente delicado para la comunidad universitaria, al coincidir con el proceso de sucesión en la rectoría, que actualmente carece de reglas completamente definidas y de la comisión formalmente establecida para llevar a cabo la elección.
“El inconveniente radica en que hoy no existe un reglamento electoral, y muchos postulantes a la rectoría desconocen bajo qué reglas participarán”, advirtió, al señalar también la posibilidad de un futuro escenario de “ingobernabilidad”.
Desde la Rectoría, la explicación sobre el proceso se ha presentado en el contexto de una secuencia institucional más extensa. En el mes de febrero pasado, Yarabí Ávila González, la rectora, mencionó que la definición de la elección no puede ser considerada de manera aislada de la renovación de los órganos de gobierno universitario.
“Nos encontramos en un proceso de elección de Consejos Técnicos, que son los máximos cuerpos de autoridad en cada facultad; después, se procederá al cambio de 22 direcciones, y finalmente, se renovarán 98 integrantes del Consejo Universitario”, detalló.
Según su exposición, esta fase precede la emisión de la normativa pendiente. Actualmente, indicó, la universidad reporta un avance del 70 por ciento en su marco regulatorio.
“En este momento, tenemos el 70 por ciento de los reglamentos aprobados, nos queda un 30 por ciento de toda la normativa universitaria”, especificó.
Bajo este razonamiento, la revisión de los instrumentos que faltan se contempla para una etapa posterior.
“Después de julio, comenzaremos a verificar qué reglamentos adicionales son necesarios”, mencionó.
El calendario institucional visualizado por la Rectoría prevé que la definición del relevo tenga lugar hacia finales del año.
A finales de este año, sabremos quién ocupará el cargo de rector o rectora en el mes de noviembre, lo cual facilitará una transición fluida, señaló.
Más allá de los plazos establecidos, el procedimiento contempla un cambio fundamental en el método de selección.
“Se llevará a cabo de forma democrática, con la participación de los tres sectores: los estudiantes, el cuerpo docente y el personal administrativo,” aclaró la rectora.
El proceso incluye una votación directa de la comunidad universitaria, seguida de una fase de evaluación por parte de una comisión que analizará los perfiles, trayectorias y resultados de la votación para conformar una lista final de cuatro candidatos, compuesta por dos mujeres y dos hombres.
“Se establecerá una comisión encargada de la elección del rector o rectora, que revisará los currículums y analizará los resultados de las votaciones,” precisó.
Este enfoque representa un cambio significativo en comparación con los mecanismos convencionales de designación en la universidad y da lugar a un proceso cuya implementación aún está sujeta a la normativa que se encuentra pendiente.
La Rectoría ha señalado que su gestión ha promovido una modernización del marco normativo institucional, con la finalidad de reemplazar reglamentos y estatutos que tienen muchas décadas de antigüedad, así como de organizar los procesos internos a través de órganos colegiados.
En este contexto, diversas voces dentro de la comunidad universitaria han evaluado de manera diversa el estilo de liderazgo de la administración actual, la cual es percibida por algunos sectores como rígida en la aplicación de normas y decisiones, lo que también ha generado resistencias internas.
El proceso se desarrolla además en un contexto político que trasciende lo meramente universitario.
La Rectora ha alertado sobre posibles intentos de intervención externa en el proceso de sucesión, en un escenario nacional donde los asuntos universitarios han tomado un carácter político, con intromisiones gubernamentales que han llegado a extremos como la detención de rectores.
En el fondo de la controversia se encuentra la autonomía, que otorga a la UMSNH la capacidad de auto-gobernarse y definir sus procesos internos sin interferencia exterior, lo que complica cualquier intervención desde el poder legislativo en la elección de sus autoridades.
En Michoacán, esta situación se vincula con la relación existente entre la Rectoría y el Gobierno estatal, liderado por Alfredo Ramírez Bedolla, en el cual se ha percibido un distanciamiento que sugiere un posible quiebre político.
A esto se añade la reciente aparición de Ávila González en espacios públicos junto a Raúl Morón Orozco, un actor político que se perfila para la contienda estatal y que tiene diferencias con Ramírez Bedolla.
Dentro de este contexto, el papel del Congreso, dirigido por Gaona García, quien es considerado cercano al Ejecutivo estatal, añade un elemento más a la dinámica del proceso universitario.
El pronunciamiento del Congreso en relación a la universidad ocurre mientras el propio Poder Legislativo enfrenta diversas inquietudes pendientes. Entre estas, se encuentra un retraso que supera los cuatro meses en la aprobación de leyes secundarias en el ámbito de la transparencia, tras la desaparición del organismo garante estatal.
En este sentido, Brenda Fraga, responsable de la Contraloría del Congreso, atribuyó dicho retraso a la carga de trabajo del mes de diciembre en relación con el presupuesto y expresó su confianza en que se logren concretar en el mes de febrero.
Afirmó que el incumplimiento del plazo de 120 días no se considera un desacato, sino un “desfase” que puede ser enmendado, al indicar que ese plazo es “referencial”, enfatizando que lo esencial es establecer criterios claros en la legislación.
Además, el Congreso apenas ha comenzado a trabajar para cumplir con la consulta indígena en el área educativa, ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el año 2020, sin que hasta ahora exista un plan finalizado.
En este marco, el llamado a la UMSNH se ubica en un ámbito donde se encuentran exigencias legales, plazos institucionales y perspectivas políticas.
De esta manera, mientras la universidad avanza en la elaboración de un proceso interno que integra la renovación de órganos, la actualización normativa y un modelo de elección innovador, el Congreso establece plazos y condiciones desde su esfera legislativa.
El resultado de esta interacción determinará no solo el cambio en la Rectoría, sino también el alcance de la intervención política en uno de los procesos más delicados de la vida pública universitaria en Michoacán.
