Autoridades de los tres poderes de gobierno, así como personal de la administración estatal y de los 113 municipios, participaron en el Foro Estatal de Derecho Administrativo, organizado por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo de Michoacán, cuyo objetivo es dotar de herramientas a los operadores jurídicos de los ayuntamientos y del propio gobierno estatal, para ajustar todos los actos administrativos al principio de legalidad.
Emiliano Martínez Coronel, titular de la Consejería, explicó que dentro del Plan de Desarrollo Integral del estado 2012- 2015, se establece la capacitación y la difusión de la cultura de la legalidad, “el gobernador Fausto Vallejo ha insistido bastante en que tengamos este tipo de eventos para que en efecto, todos los servidores públicos de las diversas instituciones nos ajustemos a la Ley”.
Destacó que es necesario dar el mejor servicio a la ciudadanía y evitar la impunidad en los actos que desarrollen las autoridades, “es una política de este gobierno, el estar todos en sincronía para brindar un mejor servicio a los michoacanos”.
Mientras que Alejandro González Gómez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien inauguró el evento, celebró que en Michoacán los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, trabajen coordinados entre sí y en colaboración con los organismos autónomos, como los tribunales especializados.
Asimismo, señaló que la frase, “que se aplique el Estado de Derecho” o “sujetarse al Estado de Derecho”, busca como primer destinatario a las autoridades públicas de este país, de cualquier nivel, y se trata de que éstas se sujeten al principio de legalidad, “hacer solamente lo que la Ley nos faculta”.
Explicó que en el caso de algún conflicto con la ciudadanía, son los tribunales especializados, quienes ejercen el Derecho Administrativo, de ahí la importancia de revisar los temas más importantes en la materia durante este coloquio, en que también reconoció el esfuerzo que se hace desde el gobierno del estado en este sentido.
A su vez, el magistrado Sergio Flores Navarro, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, expuso a los asistentes que “la convivencia entre la sociedad y las autoridades no siempre se caracteriza por desarrollarse de manera armónica, pues algunas veces se presentan situaciones de tensión, y cuando no existe la armonía, se necesita de una autoridad árbitro que pueda dirimir finalmente quién tiene la razón, si la autoridad en el ejercicio de sus facultades o los particulares en el ejercicio de sus derechos”.
De ahí la importancia de respetar lo que determinan las normas jurídicas para dirimir las controversias. Esto obliga, dijo a una reexpresión de la forma en que se comparte la administración pública con los particulares y la forma en que ejercen sus atribuciones alejándose del abuso del poder y acercándose al principio de la legalidad.
Afirmó también que la responsabilidad de los servidores públicos está en conocer exactamente lo que la Ley les permite hacer y conocer los procedimientos administrativos para evitar amonestaciones o hasta la inhabilitación de su cargo.
Anunció que está en proyecto la posibilidad de desarrollar regionalmente una serie de seminarios para coordinar esfuerzos con los diversos niveles y poderes de gobierno.
