La mayoría de PRI, PAN y PVEM en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ya aprobó en lo general el dictamen que avala la reforma de Felipe Calderón a la ley federal del trabajo, con la cual se legaliza la subcontratación, se imponen los contratos a prueba, el salario por hora y la productividad como base para el ascenso en el empleo, en lugar de la antigüedad.
Escogieron el mes patrio y una fecha cercana de la celebración del nacimiento de Morelos, el creador de los sentimientos de la nación, para volver a los tiempos de la Encomienda y la Esclavitud abolida por Hidalgo. Son unos apátridas herederos de Iturbide, gachupines o criollos traidores. Su rey es la Coparmex; su dios, el Dinero.
Esta reforma resulta obvio que defiende los intereses patronales, que hará más profundas las desigualdades, atenta contra derechos colectivos y pulveriza el empleo y el salario para abaratar los costos de producción, propiciando la acentuación ahora de aquellas condiciones internas que dieron lugar al Grito de Dolores. Nada más faltaría el permiso de Dios y la Virgen de Guadalupe que sí tuvo el Padre de la Patria para iniciar la revolución, aunque fuera pacífica, digo.
Sobraría decir que la reforma destruye los derechos de la clase trabajadora, atenta contra la estabilidad del empleo, los obreros y sus familias, y la estabilidad social que había logrado el viejo, muy viejo PRI, aquel que fuera sensible a los postulados de la Revolución de 1910. Tal como lo confirma, al negarlo, el coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, el cual dice que se trata de una reforma profunda, una combinación que permite mantener la paz y la tranquilidad en México, pero al mismo tiempo catapultarnos hacia una nueva etapa de progreso en donde se faciliten las inversiones y con ello crezca el empleo y todos salgamos ganando.
Es una lástima que este oscuro personaje no sepa que las leyes económicas no obedecen a sus decretos, que son ciegas e implacables. Es imposible crear puestos de trabajo por arte de magia, Don Beltrones. La verdad, lo que buscan es que los patrones gasten menos, mucho menos en salarios. Desde ya se saben que al menos, para empezar, con esta reforma los poderosos grupos empresariales extranjeros o domésticos se ahorrarían el 10 por ciento en nómina, al aplicar sólo el pago por horas.
La reforma de la ley laboral es verdaderamente salvaje y criminal, porque busca abaratar los salarios, abrir la puerta a despidos masivos para aplicar los contratos temporales y hacer retroceder aún más al salario, sin importar quien lo diga. Está enfocada sólo en cuidar el interés patronal, lo que puede ser un punto de desequilibrio contra los trabajadores, su salario y prestaciones sociales. Los cambios profundizan la desigualdad y las condiciones que miles de mexicanos padecen desde hace décadas, siglos.
En una carta enviada por el dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y Televisión, Ricardo Acedo, a Carlos Aceves del Olmo, presidente del grupo de trabajo en San Lázaro, se afirma con claridad meridiana que la propuesta de iniciativa preferente enviada por Felipe Calderón a la Cámara de Diputados no sólo atentaría contra los fundamentos, la letra y el espíritu del artículo 123 constitucional y la actual Ley Federal del Trabajo, sino iría más allá y en los hechos abriría la puerta para desmontar todo el andamiaje constitucional que distingue al derecho social mexicano, del que forman parte los derechos laborales.
Acedo considera que la propuesta calderonista tiende a la precarización de todas las ramas y actividades del quehacer productivo, en una ruta que literalmente regresa al país a los debates de inicios del siglo pasado; es decir, al caldo de cultivo de las históricas huelgas de Cananea y Río Blanco, sin dejar fuera por supuesto la Revolución Mexicana y el legado del Constituyente de 1917.
La carta también considera que el país corre el riesgo de una regresión histórica bajo el ropaje modernizador, al convertir en virtud competitiva el abatimiento de los costos salariales que han prevalecido como clave de la política económica por décadas, pero yendo más allá al pretender legitimar y otorgarle carácter de ley al trabajo a destajo sin prestaciones, sin seguridad social y aun sin derechos frente al despido de los trabajadores.
