El nuevo plan gubernamental para abatir la hambruna o Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE) traerá muy pobres beneficios a Michoacán, ya que sólo se aplicará en Morelia, Zamora, Hidalgo, Uruapan, Zitácuaro, Maravatío y Nocupétaro, sólo siete de los 113 municipios de Michoacán. Pero es necesario conocerlo e impulsarlo, en el entendido de que peor es nada.
En el decreto respectivo se dice que es necesario asumir un enfoque integral que conjunte los esfuerzos que en materia de desarrollo social llevan a cabo los tres órdenes de gobierno. Esta supuestamente novedosa estrategia consiste en acciones transversales, concretas y coordinadas en otros rubros que igualmente inciden en el problema de carencia alimentaria, como son la educación, salud, seguridad social, vivienda e ingreso de las familias.
En todo caso, claro, se trata del derecho constitucional a una alimentación nutritiva, suficiente requiere de acciones integrales que coadyuven de manera amplia al abatimiento de la pobreza.
En el documento oficial publicado en el diario de la federación no hay desperdicio, todo está bien argumentado. Ahí se menciona que es necesario contar con mecanismos que permitan, desde una perspectiva ciudadana, dar seguimiento a las acciones que se emprendan en los tres órdenes de gobierno para erradicar el hambre, para lo cual se promoverá la creación de comités comunitarios integrados por los propios beneficiarios de los programas sociales, con el propósito de supervisar el cumplimiento de sus objetivos y garantizar la transparencia en su ejecución.
A pesar de que hasta ahora no hay una difusión apropiada del alcance y contenido del plan gubernamental, el propio decreto establece que con base en los estudios y diagnósticos elaborados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la población objetivo de los programas de desarrollo social para abatir y erradicar el hambre se conforma por aquellas personas que se encuentran en situación de pobreza extrema y presentan carencias de acceso a la alimentación.
Desde luego, la obligación se convierte en uno de los objetivos fundamentales de cualquier gobierno, que es garantizar el acceso al derecho universal de la alimentación y, por ello, es preciso que los recursos del Estado lleguen de manera directa y sin condicionante alguna a la población que más los necesita y sean ejercidos con base en reglas de operación y transparencia que permitan su evaluación y la rendición de cuentas.
Por la gravedad del tema de que se trata y la prisa con que debiera atenderse, sería necesario que la población de los municipios beneficiados conociera a fondo el firme propósito del Gobierno de la República de dar resultados en el corto plazo para garantizar a la población el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, a través de acciones coordinadas, eficaces, eficientes y transparentes con un alto contenido de participación social, como se puede leer en el propio decreto.
La propaganda debería ser más profusa que la empleada en las campañas electorales, ya que se trata de un plan sistemático que marca la prioridad del gobierno federal para que ningún mexicano padezca hambre. No hay tal. Han de estar cansados y sin fuerzas como el dignísimo Santo Padre de la Iglesia.
