México.- El senador Salvador Vega Casillas aseguró que las reformas que se están planteando en la Ley de Amparo avalada en el Senado, responden a la necesidad de modernizar y adecuar el juicio de amparo para que su tramitación sea más ágil y oportuna.
“Con esta reforma se pondrá fin a las prácticas que usan algunos sectores empresariales, como los concesionarios de telecomunicación y radiodifusión o dueños de casinos, para evitar ser sancionados”.
Además el senador panista señaló que esta ley dará la posibilidad a los ciudadanos de protegerse frente a los actos arbitrarios de los gobernantes, de promover juicios contra actos u omisiones e incluso de particulares en caso de violación a los derechos consagrados no sólo en la Constitución, sino también en los tratados internacionales suscritos por México.
“Para que México pueda seguir creciendo y desarrollándose como lo ha hecho desde los últimos años, es necesario que garanticemos un marco jurídico equitativo, condiciones de competencia equilibrada y un gobierno transparente capaz de responder y resolver las necesidades de los mexicanos y no las propias”.
Vega Casillas agregó que además plantea adecuaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), mismas que permitirán que el juicio de amparo siga siendo el principal instrumento de defensa de derechos que tienen las personas para protegerse de los actos de las autoridades.
“Hemos dejado atrás las viejas prácticas autoritarias y de favoritismo bajo las que se aplicaba la ley en nuestro país, desde hace 12 años en México no se gobierna desde la opacidad y discrecionalidad; hoy se gobierna con equilibrio entre los poderes y con respeto absoluto a la voluntad ciudadana”.
Por último, el legislador blanquiazul se congratuló de que después de ser aprobada por primera vez la minuta en 2011, se esté avanzando en las reformas y espera que pronto pueda ser publicada en el Diario Oficial de la Federación para su aplicación, ya que reiteró que será un instrumento que le dará certeza jurídica al país y, sobre todo, fortalecerá los derechos más importantes y fundamentales de los ciudadanos.
