* La carta más difícil: Michoacán.
Hace casi exactamente seis años, el entonces presidente Calderón anunció el primer operativo de su administración contra los narcotraficantes.
Era en Michoacán, su tierra natal, azotada desde dos años atrás por una cruenta guerra entre distintos cárteles, uno de los cuales, de relativamente reciente aparición, La Familia Michoacana, trastocaba, como sus originales socios y luego enemigos de Los Zetas, todas las normas y lógicas de la violencia del crimen organizado conocidas hasta entonces.
Las autoridades locales, encabezadas entonces por Lázaro Cárdenas Batel, no pudieron frenar la ola de violencia y le pidieron su colaboración al gobierno federal, a un presidente Calderón que ya había comprobado en la campaña electoral lo extendido de la violencia y la incapacidad creciente de las autoridades locales para enfrentarlo.
Han pasado seis años.
Hoy Felipe Calderón ha dejado la Presidencia y está en Harvard.
Lázaro Cárdenas Batel también está en Estados Unidos, estudiando, trabajando y decidiendo su reingreso a la política: le ofrecieron la embajada de México en Cuba y la rechazó.
Si vuelve, su camino estará en el PRD.
En la gubernatura fue reemplazado por Leonel Godoy, un mandatario que abandonó la lucha contra la delincuencia, cuya administración fue profundamente penetrada por los grupos criminales y que hace apenas unos días su sucesor, el priista Fausto Vallejo, anunció que será investigado por las enormes irregularidades en sus cuentas públicas.
La Familia Michoacana sigue existiendo pero la mayoría de sus mandos y dirigentes se enfrentaron entre sí y conformaron otro cártel, Los Caballeros Templarios.
Uno de los principales operadores militares de la lucha contra los cárteles en el estado, el general Mauro Enrique Tello Quiñones, que había trabajado muy cerca de Lázaro Cárdenas, fue asesinado en forma brutal en Cancún, cuando cometió el error de aceptar ser jefe de policía del municipio que encabezaba entonces Greg Sánchez, poco después también acusado de proteger a los grupos del narcotráfico.
El número de muertos y desaparecidos en Michoacán después de seis años se cuenta por miles y la situación de seguridad no ha mejorado; al contrario, muy probablemente es, junto con buena parte de Guerrero y la Comarca Lagunera, la región del país donde menos control existe contra los grupos delincuenciales.
El gobierno de Peña Nieto ha decidido, en una acción que no tiene nada de casual, lanzar su primer operativo con la nueva política de seguridad, en Michoacán.
Es verdad que ha habido reuniones regionales en otras zonas del país, pero Michoacán será el ámbito de prueba de la administración y de fuerzas como la Policía Federal que están estrenando con Manuel Mondragón y Enrique Galindo, nuevos mandos y métodos operativos.
No es un desafío menor: pese a los enormes recursos y de golpes notables que se dieron a los cárteles, Michoacán, en el terreno de la lucha contra las drogas, debe ser el lugar del país en que menos fructificaron los esfuerzos de la estrategia de Felipe Calderón.
Seguramente hubo errores pero también un ambiente que induce a la violencia.
El gobierno de Godoy, como dijimos, no sólo no colaboró, sino que fue penetrado hasta lo más profundo por el crimen.
Cuando se implementaron medidas tan drásticas como el michoacanazo, los jueces locales y las autoridades conspiraron para dejar en libertad a todo el mundo: el único que continúa prófugo, y es una suerte de paradigma de lo ocurrido en Michoacán, es el medio hermano del ex gobernador, Julio César Godoy Toscano, el mismo legislador que fue ingresado ilegalmente por un grupo de diputados a San Lázaro para que rindiera protesta como diputado, obtener así el fuero y librar la orden de aprehensión que existía en su contra.
Los grupos criminales se han enraizado en distintas organizaciones sociales; actúan en muchas ocasiones de forma militante (con un discurso que mezcla conceptos cristianos, de izquierda, muy conservadores y al mismo tiempo populistas); hay otros grupos armados que están a mitad de camino entre la política y el crimen, y existen movimientos como el de la Coordinadora y las normales rurales que terminan participando, también, en el juego de la violencia, convertidos en aliados, por lo menos tácitos, de esos grupos criminales.
Algunas, pocas, cosas han cambiado en Michoacán, pero ese es el escenario que ha decidido confrontar la nueva administración y que deberá superar para demostrar que sus políticas de seguridad son mejores que las de sus antecesores.
No será objeto de interpretaciones: habrá que confrontar, simplemente, los resultados.
