Cuando su expareja estuvo a punto de acabar con su vida, Metztli no fue rescatada por el Estado mexicano, sino por una red de refugios perteneciente a la sociedad civil, que actualmente enfrenta obstáculos administrativos y financieros que ponen en riesgo su capacidad para salvar vidas.
Metztli y sus dos hijas regresaron con su agresor luego de haber sido expulsadas, en 2022, de un refugio para víctimas de violencia feminicida administrado por el gobierno de Guerrero, un suceso que se volvió notorio tras diversas denuncias de maltrato institucional.
Sin embargo, la violencia aumentó. Meses después, cuando el padre de las niñas las amenazó con un arma, Metztli logró comunicarse con la Red Nacional de Refugios (RNR), donde recibió atención inmediata que salvó sus vidas.
“Si no hubiera encontrado la red, no estaría viva”, sostiene a EFE la sobreviviente, quien concluyó su participación en el programa el año pasado tras tres años de apoyo que le permitieron reconstruir su vida.
Hoy, no obstante, los 72 refugios que forman parte de la red —que han brindado atención en los últimos dos años a más de 27. 000 mujeres y niños— enfrentan barreras administrativas que comprometen su funcionamiento y precarizan a su personal, según advierte Wendy Figueroa Morales, directora de la RNR.
A inicios de enero, la recién constituida Secretaría de las Mujeres publicó las directrices y la guía operativa del programa para destinar recursos del presupuesto federal de 2026 a estos espacios de protección.
Estas disposiciones establecen cómo los refugios pueden acceder a financiamiento público, una obligación del Estado mexicano establecida en instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, señala Figueroa.
Para la directora de la RNR, los nuevos lineamientos representan un “retroceso” y son “alarmantes”, ya que trasladan la responsabilidad del Estado a la sociedad civil, al exigir una carta que acredite la “suficiencia presupuestaria para operar de manera continua”, lo cual contraviene dichas convenciones internacionales y se opone al discurso “feminista” del gobierno de Claudia Sheinbaum.
A esto se añade la disminución de recursos destinados al personal y la seguridad en los refugios, una acción especialmente grave en un contexto donde el 40 % de los agresores tiene vínculos con el crimen organizado y utiliza armas de fuego, de acuerdo con datos de la red.
La reducción de hasta un 60 % en los recursos de seguridad afecta directamente a organizaciones como Sin Violencia, el primer refugio de alta seguridad creado en 2003 en la ciudad fronteriza de Juárez, uno de los núcleos de la violencia feminicida en México.
Elia Orrantia Cárdenas, directora de este refugio, explica que las nuevas regulaciones establecen un límite anual de 360. 000 pesos (aproximadamente 20. 600 dólares) para seguridad, cuando esta organización destina casi 950. 000 pesos (cerca de 54. 700 dólares) a una empresa certificada, sumando además inversiones en capacitación y sensibilización para el personal.
Orrantia advierte que esta reducción ocurre en un contexto de creciente demanda, ya que aunque el refugio tiene capacidad para atender a 11 núcleos familiares, ha llegado a acoger hasta 14 mujeres junto con sus hijos.
Conforme a la información proporcionada por la RNR, sus Centros de Atención Externa reportaron un aumento del 208 % a nivel nacional, durante el periodo comprendido entre enero y octubre de 2025.
Entre los incidentes recientes, Figueroa menciona el de una mujer que se presentó ante el Ministerio Público para presentar una denuncia por amenazas y solicitar medidas de protección —incluyendo la expulsión del agresor del hogar—, sin embargo, su denuncia fue desestimada y se le pidió regresar a la convivencia con él.
Solo después de regresar con diez heridas de arma blanca en el abdomen, en un claro intento de feminicidio, las autoridades decidieron abrir una investigación.
A juicio de Figueroa, este tipo de reacciones revela una política que revictimiza y retrasa la protección, cuando escuchar y actuar de manera inmediata puede ser crucial.
“Eso marca la diferencia entre la vida y la muerte, entre contar verdaderamente con un apoyo digno que restablezca derechos o continuar con la revictimización, como le ocurrió a ella”, enfatiza.
