En una acción formal ante entidades internacionales, el empresario Ricardo Salinas Pliego presentó una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la cual señala que el Estado mexicano está llevando a cabo una persecución política en su contra, un proceso que se inició en el año 2023.
La denuncia se realizó durante una reunión de alto nivel en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), situada en Washington D. C. , donde Salinas Pliego tuvo un encuentro con Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión.
Según el anuncio divulgado por Grupo Salinas, el propósito del encuentro fue abogar por la libertad de expresión en México y señalar una presunta campaña orquestada de hostigamiento fiscal, judicial y administrativo.
Conforme al documento oficial, se identificaron varias formas de represalias en contra del empresario y sus compañías: criminalización de la crítica a través de vocerías oficiales, auditorías desmesuradas por parte de la administración fiscal, cooptación del Poder Judicial mediante reformas que impactan su independencia, y el uso de procesos fiscales como herramienta de coerción. Grupo Salinas destacó que más de 300 conferencias matutinas han sido utilizadas para atacar públicamente a su presidente.
Antes de la reunión, Salinas Pliego publicó en su cuenta personal un mensaje en el que criticó a aquellos que, según su perspectiva, “se quejan y no generan resultados” en México. “México merece un gobierno eficiente, un futuro lleno de oportunidades y la posibilidad de ofrecer a sus ciudadanos una vida digna”, redactó. Agregó: “No debemos escuchar a resentidos que nos instan a conformarnos con lo poco”, lo cual generó diversas reacciones en las redes sociales.
El anuncio de Grupo Salinas finaliza al afirmar que este caso “trasciende lo personal” y lo presenta como un llamado a proteger el Estado de Derecho ante lo que describen como una toma de instituciones por parte del gobierno y, según advierten, también de estructuras criminales. Afirman que su intención es poner de manifiesto un patrón de hostigamiento que restringe el pluralismo democrático y la libertad de expresión en el país.
Por último, se solicitó a la CIDH que declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano y que se ordenen garantías de no repetición, con el fin de restaurar la independencia judicial y salvaguardar el derecho de propiedad. Hasta el momento de cerrar esta edición, las autoridades federales no han emitido un pronunciamiento oficial sobre la denuncia.
