El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza que la Procuraduría General de la República (PGR) y las Procuradurías estatales puedan rastrear a celulares involucrados en delitos graves.
En este sentido, pidió diferenciar entre la geolocalización para ubicar el origen de las llamadas y el seguimiento de una persona, lo que llevaría a violar aspectos legales sobre privacidad.
En el caso de que las llamadas sean geolocalizadas, implicará una técnica de investigación judicial.
En este sentido, cuatro ministros, Margarita Luna Ramos, Alberto Gelacio Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; y Jorge Pardo se manifestaron a favor y José Ramón Cossío y Sergio Valls se pronunciaron en contra del proyecto, mientras que los otros cinco ministros fijarán su postura el próximo lunes.
Cabe señalar que para ser aprobado se necesitan de ocho votos a favor.
Fue este jueves cuando la SCJN discutió la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de los artículos 133 del Código Federal de Procedimientos Penales y 16, fracción primera, apartado D y 40 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
En ambos se argumenta que la localización geográfica de una persona viola el derecho a la privacidad, sus garantías de legalidad, y la seguridad jurídica, sin embargo, de acuerdo con los ministros que se manifestaron a favor, esto permitiría que el Ministerio Público (MP) agilice las indagatorias en casos de secuestro, extorsión o narcotráfico.
