El ex secretario de Desarrollo Económico, Eloy Vargas Arreola y su delegada administrativa durante la gestión de Leonel Godoy Rangel, María Guadalupe López Jacobo fueron inhabilitados por tres años y se hicieron acreedores a una multa de 750 mil pesos y resarcimiento de siete millones 500 mil al erario público, luego de no lograr solventar una de las seis observaciones realizadas a la dependencia por el uso inadecuado de siete millones 500 mil pesos durante su gestión.
Luego de que la Auditoria Superior de Michoacán (ASM), instaurara un procedimiento administrativo en su contra, se señala que al valorar y analizar jurídicamente los argumentos y documentales presentados por los servidores públicos observados, la autoridad determina no solventar la observación, toda vez que no demuestran el beneficio e impacto que se causó a la población que representaron, con el otorgamiento del subsidio por la cantidad de 7 millones 500 mil pesos a la empresa AISLAPANEL. S.C.V FOAM América y Arpilla de exportación, cuyo representante es el empresario Nicandro Díaz Ortiz.
“Se prueba un beneficio directo para el representante de dicha empresa, con el recurso público, observados de manera irresponsable, adquirió un inmueble por la cantidad de 7 millones de pesos ubicada en Cuitzillo grande del municipio de Morelia”, expone el documento, ya que dichos recursos debían ser destinados a la construcción de viviendas para trabajadores pero no ocurrió así.
“El otorgamiento de este recurso no fue con la finalidad de causar el bien común, sino en beneficio de un particular, resultando una falta grave, cometida en agravio de la hacienda pública estatal”, se advierte.
De esta manera se establece que los ciudadanos, Eloy Vargas Arreola Sedeco, María Guadalupe López Jacobo delegada administrativa deberán pagar de la cantidad de siete millones que de manera equitativa, correspondiéndoles la cantidad de 3 millones 750 mil pesos.
Asimismo se les impone sanción de inhabilitación por el periodo de tres años para el ejercicio de empleos, cargos y comisiones en el servicio público, y una sanción pecuniaria, de 750 mil pese a cada uno, equivalentes al daño causado.
