El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet Chemor, advirtió que para los maestros que violen el derecho de los alumnos a recibir educación, la dependencia tiene un «plan alterno», que consiste en la aplicación de la ley (en lo referido a sancionar), y aunque algunos lo «llamen represión; contra el derecho, nada», sentenció.
Chuayffet y Eduardo Sojo Garza-Aldape, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ofrecieron una conferencia de prensa para anunciar que el censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial se realizará de septiembre a noviembre próximos, y los resultados estarán listos a finales de año.
Se ocuparán más de 17 mil personas
Sojo anunció que para dicho trabajo –en instituciones públicas y privadas– se empleará a 17 mil 500 personas. Dijo desconocer el costo del mismo, pero anticipó que involucrará a unos 26 millones de alumnos, 1.3 millones de maestros y unas 250 mil escuelas primarias y secundarias en todo el país.
Explicó que esta recopilación de información se realizará por «única vez» y sólo se actualizará cada año, ya que se cuenta con una base de datos del Registro Nacional de Alumnos, Maestros y Escuelas. Comentó que además se podrá contar con la percepción de los supervisores escolares de zona, sobre las necesidades que tiene cada plantel, mediante una encuesta de opinión.
Chuayffet señaló que esta información servirá para poner en práctica la reforma educativa, que ya fue avalada por 20 congresos estatales, la cual consideró «un instrumento vital para dar precisión a las políticas públicas» en la materia, así como asegurar que esta información «no tendrá ninguna restricción» y estará abierta a la población.
Asimismo, rechazó un posible sabotaje al censo por los docentes: «Creo que la inmensa mayoría de maestros de México está persuadida de la exigencia social de contar con una demanda educativa y, por otro lado, este no es un ejercicio voluntario ni está sujeto al parecer de todos los integrantes de la educación en México, sino que es un mandato consitucional que habrá de ejercerse con base a derecho».
Interrogado acerca de si existía algún «plan B» para enfrentar las posibles suspensiones de clases por los docentes que rechacen la aplicación de la reforma educativa recién aprobada por el Congreso de la Unión, respondió: “Hay un plan alterno, que es cumplir el derecho, y en México no nos gusta, lo llamamos represión, limitación a la conducta libérrima de los ciudadanos. El derecho en México y en el mundo es el que nos otorga potestades y obligaciones a cada uno de los sujetos del derecho que actúan en la sociedad. En primer lugar, es un derecho humano el recibir educación.
“Nadie puede, a título de ninguna bandera, interrumpir ese proceso, y cuando se haga, se acatará la ley, que es la salvaguarda para proteger ese derecho humano fundamental.
«Contra el derecho a recibir educación, ninguna bandera es válida, y mucho menos sacar a los niños de las escuelas para hacerlos parte de una manifestación; todos y cada uno de los protagonistas de la enseñanza tienen mecanismos legales para hacer valer sus derechos y defenderlos; esos, los lícitos, son los únicos que valen; los ilegales de ninguna manera pueden ser tolerados», advirtió.
No obstante, señaló que «más de 90 por ciento de los maestros de México son personas que cumplen con su labor; a veces en condiciones heroicas, y a ellos no los reconocemos, siempre hablamos de la excepción que, repito, son minoría».
