El procurador de justicia del estado, José Martín Godoy Castro, confirmó que originalmente había más de 50 órdenes de aprehensión contra miembros de la CNTE y normalistas michoacanos. Algunas se han ejecutado y otras se han desvanecido. La cifra de las que siguen vigentes descendió a 28 órdenes de aprehensión.
El funcionario aseveró que se van a seguir ejecutando estos mandatos judiciales, pero observó que ya se enmarcan dentro del nuevo sistema de justicia penal que prevé resolutivos vía mediación y conciliación y ya no es procedente “hacer todo de la anterior manera”, dijo, de modo que algunos de los asuntos a este respecto han sido mediados y resueltos por la vía no penal.
De tal forma que la Procuraduría General de Justicia de Michoacán seguirá trabajando para seguir desahogando estos pendientes.
Godoy Castro definió que ahora cuando los rijosos generan un acto, sobre todo robo de uso de vehículos o asalto a estos, viene la respuesta de la autoridad por parte de la Policía y son recuperadas las unidades, de modo que hay las condiciones para que los titulares o dueños de éstos tomen la decisión de si proceden o no a interponer su denuncia ante el Ministerio Público contra quienes infringen la ley.
