El actuar de la autoridad estatal ha sido pasivo, solo ha mostrado debilidad, frente a los hechos ocurridos en la Nueva Jerusalén donde no se ha podido cursar clases más de 300 alumnos, señaló Héctor Gómez Trujillo dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN). Sostuvo que la premisa fundamental en el ejercicio de la administración estatal debe ser la aplicación del estado de derecho y la aplicación de la ley sin cortapisas, esto con el propósito de recuperar la gobernabilidad en Michoacán. Subrayó que se debe dar un mensaje que aquel que viola la ley se le va aplicar de manera indistinta para dejar claro que no hay ínsulas en Michoacán, “si un ciudadano como tú o la Nueva Jerusalén hacen un acto que violan la ley que se aplique un castigo”, comentó.
Insistió es que se debe mandar la señal de que hay un estado firme, fuerte, pero la falta de aplicación de la ley permiten que se vea esa debilidad y sigan abusando, con la toma de calles, destrucción de cosas y no pasa nada. Mencionó que el gobierno estatal y sobre todo los municipales tienen responsabilidades que estuvieron eludiendo desde hace mucho tiempo, pero mientras no lo tengan claro no se va a resolver el asunto, con el nuevo mapa electoral la responsabilidad va a ser de un solo partido político y el tema no será visto como una ganancia electoral, pese a que así se construyó en los últimos años, abundó.
Expuso que el actual mandatario Fausto Vallejo Figueroa, no ha asumido una postura, “firme, fuerte, sin claudicar ante la presión de grupos sociales” como comprometió, y este caso es consecuencia del tratamiento que han tenido otros conflictos como es el caso de Cherán, los alumnos de las casas de estudiantes y otros grupos de presión en el estado. Asimismo, se refirió acuerdo logrado por los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Deuda Pública así como de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del estado, para la eliminación de los créditos a corto plazo y la obligación del Ejecutivo del estado y de los municipios a solicitar la autorización del Poder Legislativo para solicitar cualquier tipo de deuda.
