A una pena de 40 años de cárcel, fue sentenciado un hojalatero que se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de esta ciudad, por los delitos de violación, robo y extorsión.
Se trata de Moisés G., de 32 años de edad, quien se encuentra relacionado en ocho procesos penales por el delito de violación, en cuatro por robos y uno de extorsión, todos estos ilícitos fueron cometidos en agravio de estudiantes de preparatoria, entre los 16 y 18 años de edad.
El presunto responsable fue plenamente reconocido por siete de sus víctimas, como el autor de la agresión sexual de que fueron objeto y que fundamentan la integración de las averiguaciones previas correspondientes.
La detención de Moisés G., se efectuó tras un proceso de investigación realizado por agentes de la Policía Ministerial adscritos a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de la Procuraduría de Justicia, quienes lograron ubicar al presunto violador en las cercanías de un taller de hojalatería y pintura de su propiedad, ubicado en la calle Joaquín Rivadeneira de la colonia Guadalupe, en el mes de Septiembre del año 2011.
El agresor sexual utilizó distintos vehículos que tenía bajo su resguardo -algunos para reparación y otros para compra venta-, a fin de interceptar en la vía pública a jóvenes transeúntes, a quienes amenazaba con una arma de fuego para obligarlas a subir a las unidades automotores, con el objetivo de trasladarlas a sitios aledaños como a la presa de Cointzio y el estadio Morelos, donde las hacía víctima de sus bajezas sexuales.
Tras ser ultrajadas, las estudiantes eran abandonadas en los lugares de la violación, además de ser despojadas de teléfonos celulares y otros objetos de valor.
De acuerdo a las conclusiones del juez que conoció el caso, se condenó al acusado a la suma total de 40 años de prisión, no obstante que la operación aritmética que resulta de las diversas sanciones privativas de la libertad rebasan en mucho la impuesta, ya que de acuerdo al Código Penal del Estado, la pena privativa no debe de exceder a la ya citada.
Con esta sentencia condenatoria, la Procuraduría General de Justicia del Estado, confirma su compromiso de combatir por todos los medios legales los ilícitos de su competencia, con el objetivo de hacer prevalecer el estado de derecho y recuperar la confianza ciudadana en la institución del Ministerio Público.
